La Cofece realizó una verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas al AICM para restablecer las condiciones de competencia
En cumplimiento del mandato constitucional y legal en materia de competencia económica, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el ocho por ciento de sus ingresos, debido al incumplimiento de la orden de supresión y corrección de una práctica monopólica relativa en el mercado de taxis.
De acuerdo al Segundo Informe Trimestral 2017 enviado al Congreso de la Unión, la conducta anticompetitiva sancionada consistía en el establecimiento de cláusulas discriminatorias para impedir el acceso de nuevos agentes económicos para prestar el servicio de taxis, así como de ventajas exclusivas para las agrupaciones que ya proporcionaban el servicio dentro del aeropuerto.
En seguimiento a esta resolución, el 19 de enero de este año, la Cofece realizó una verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas al AICM para restablecer las condiciones de competencia en el mercado.
Según el documento, el análisis realizado por este órgano constitucional autónomo encontró que el AICM había incumplido con las obligaciones establecidas en la resolución del 1 de septiembre de 2016, que consistían en modificar el Manual de servicios para que se establezca que la asignación de nuevos contratos de acceso a zona federal deberá realizarse por medio de licitaciones, las cuales deberán solicitar y obtener opinión de la Cofece.
Además, modificar las cláusulas anticompetitivas incluidas en los contratos o convenios que se tengan celebrados con las diferentes agrupaciones y permisionarios.
Por lo anterior, el 27 de abril de 2017 declaró el incumplimiento a la resolución emitida el año pasado y ordenó cumplir con las obligaciones establecidas en esta nueva resolución en un plazo no mayor a dos meses.
“El incumplimiento a la orden de supresión y corrección de esta práctica monopólica es particularmente grave, ya que no solamente pone en riesgo la restauración del proceso de competencia y libre concurrencia, sino que además se realiza con respecto a bienes de dominio público”, señala el documento publicado en la gaceta de la Comisión Permanente.
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