Policías federales irrumpieron en un domicilio de Ciudad Victoria sin presentar una orden de cateo, resultando afectadas ocho personas
Por violaciones a derechos humanos cometidas en agravio del ocho personas atribuibles a agentes de la Policía Federal en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 27/2018 a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
La CNDH acreditó presuntas violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio en agravio de ocho personas: cinco menores de edad y tres adultos (dos mujeres y un hombre).
Además, volaciones al interés superior de la niñez de cinco menores de edad, a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal por la detención arbitraria y retención de tres personas adultas, lo que propició dilación en la puesta a disposición.
Aunado a ello, se lesionando los derechos humanos a la integridad personal y dignidad de una persona adulta.
La madre de dos de las mujeres agraviadas presentó queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, que por razones de competencia, la remitió a la CNDH.
En su queja señaló que policías federales irrumpieron en el domicilio donde estaban sus hijas, su yerno y su nieta de seis meses de edad, acompañados por una amiga de su hija y sus tres hijos, de ocho, 12 y 13 años de edad.
De acuerdo a las evidencias, se acreditó que los elementos se introdujeron en el domicilio donde se encontraban las ocho víctimas, sin presentar una orden de cateo expedida por autoridad competente, procediendo a la detención de los tres adultas, en Ciudad Victoria Tamaulipas.
Los agentes trasladaron a las ocho víctimas a sus instalaciones, y se acreditó la detención ilegal de tres personas adultas, quienes fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, donde permanecieron injustificadamente retenidos 13 horas con 20 minutos.
Por todo ello, la CNDH recomendó a la CNS inscribir a los ocho agraviados en el Registro Nacional de Víctimas en términos de la Ley General de Víctimas, para que se proceda a la reparación del daño, incluida atención psicológica y una compensación.
Además, solicitó determinar la responsabilidad por las irregularidades en que incurrieron los servidores públicos de la Policía Federal y capacitar en derechos humanos al personal policial.
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