La CNDH urgió al Gobierno Federal y al Senado ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes para mejorar su calidad de vida
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió al Gobierno y al Senado ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, el único tratado internacional enfocado en garantizar los derechos de la juventud.
“Este organismo nacional llama al Estado mexicano a dar pasos firmes y urgentes hacia la ratificación de dicha Convención Iberoamericana para fortalecer el marco normativo existente e impulsar, a su vez, la expedición de una Ley General en la materia”, indicó en un posicionamiento.
México es miembro del Organismo Internacional de Juventud (OIJ) para Iberoamérica, cuyos integrantes firmaron en 2005 en Badajoz, España, la convención para fortalecer los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes.
La convención se actualizó en 2016 en Cartagena de Indias, Colombia, con un protocolo adicional que el Senado y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México aún deben ratificar, según señaló la CNDH, un organismo autónomo del Gobierno.
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, República Dominicana y Uruguay ya ratificaron el tratado, detalló la comisión.
“Su importancia radica en que es el único instrumento internacional centrado en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las juventudes, quienes por la etapa de vida en que se encuentran, requieren una protección y servicios especializados que respondan a los desafíos del siglo XXI”, señaló la CNDH.
Además, la comisión advirtió que en México una de cada cuatro personas son jóvenes. Es decir, que hay 31 millones de personas entre 15 y 29 años, 25 por ciento de la población total, de acuerdo con el censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La CNDH enunció como principales problemas de la juventud mexicana la pobreza y marginación, la falta de acceso a una educación de calidad, a un trabajo formal y bien remunerado, y la discriminación y estigmatización por su edad, apariencia, origen e identidad sexual y expresión de género.
También alertó por la violencia física, psicológica y sexual, la represión institucional por parte de cuerpos de seguridad y otras autoridades, la deficiente atención a la salud y las limitaciones para ejercer de manera libre y responsable sus derechos sexuales y reproductivos.
Por ello, pidió que la legislación que derive de la convención incluya “especial énfasis en la implementación de espacios para expresar su opinión, mecanismos para la protección de las y los jóvenes con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, migrantes y LGBT, entre otros”.
Con información de EFE
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