El caso del padre Marcelo Pérez Pérez en Chiapas es un reflejo del peligro que enfrentan los activistas en México, donde la violencia vinculada al crimen organizado ha dejado una huella profunda en comunidades vulnerables
Organizaciones civiles, catequistas indígenas y sacerdotes alzaron la voz este lunes durante la misa de cuerpo presente del padre Marcelo Pérez Pérez, para señalar que su asesinato fue consecuencia de su labor en la denuncia de la violencia ejercida por el crimen organizado y la omisión del Estado mexicano.
Al padre Marcelo lo mataron por denunciar las injusticias en nuestras comunidades, por alzar la voz contra la violencia del crimen organizado y la complicidad del Estado“, declaró Luis Pérez, representante de la parroquia de San Andrés Apóstol, ubicada en el sureño estado de Chiapas.
Pérez Pérez, sacerdote indígena tzotzil, fue asesinado el domingo en San Cristóbal de las Casas, una ciudad turística chiapaneca. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el religioso fue atacado a tiros mientras se encontraba dentro de su vehículo en el barrio Cuxtitali, sobre la calle Las Peras.
La labor del padre Marcelo no solo se limitaba a su vocación pastoral, también era un firme defensor de los derechos de los pueblos indígenas y había recibido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas en su contra.
Sin embargo, las autoridades mexicanas no respondieron adecuadamente a estas medidas, situación que, según los denunciantes, facilitó su asesinato.
“El Estado mexicano es corresponsable de este crimen por su omisión ante la creciente violencia en la región”, subrayó el otrora sacerdote Pérez.
Cientos de personas, principalmente indígenas tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales, por quienes daba la cara, acudieron a la ceremonia fúnebre en la parroquia de San Andrés Apóstol, donde recordaron al sacerdote como un defensor incansable de los derechos humanos.
La misa fue presidida por el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, acompañado por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez y otros párrocos.
Durante la homilía, Arizmendi exigió el desarme y la desarticulación de los grupos criminales en Chiapas, reiterando que el asesinato del padre Marcelo no debía quedar impune.
Que no nos digan que México está bien. Hoy, nuestro México nos avergüenza. Las estrategias no han funcionado”, sentenció.
El dolor y la indignación entre los asistentes reflejaron el impacto del asesinato de quien, por más de 22 años, trabajó al lado de los pueblos indígenas, defendiendo sus derechos ante la creciente violencia y la impunidad.
El cardenal también denunció que, desde el inicio del Gobierno de Morena en 2018, al menos 23 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país, un patrón que ha generado preocupación tanto en el ámbito local como internacional.
Por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el asesinato del sacerdote y prometió que no quedará impune.
“Se está realizando la investigación correspondiente”, afirmó en su conferencia matutina.
Amnistía Internacional también condenó el crimen, exigiendo a las autoridades chiapanecas una investigación inmediata, exhaustiva y eficaz, mientras organizaciones civiles advirtieron este mismo día que el estado de Chiapas, en el sureste de México, se ha convertido en un “campo de guerra civil“.
El caso del padre Marcelo Pérez Pérez es un reflejo del peligro que enfrentan los activistas en México, donde la violencia vinculada al crimen organizado ha dejado una huella profunda en comunidades vulnerables.
Según la ONU-DH, entre 2017 y la fecha, al menos 134 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país, siete de ellos en lo que va de este año.
Con información de EFE
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