Entre el 1 de enero de 2014 y el 29 de febrero de 2016 se presentaron 34 mil 200 denuncias por delitos contra personas mayores
Despojo, robo a casa habitación, fraude, violencia familiar y violación, así como privación de la libertad y abandono, son las principales formas abuso y maltrato que sufren en México 12.6 millones de adultos mayores en el país, cantidad que equivale al 10.5 por ciento de la población total reportada en 2017.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la vejez las personas están expuestas a la vulneración de sus derechos fundamentales y por lo general no denuncian debido al vínculo familiar que existe con los agresores, la dependencia económica y física respecto de quien genera la violencia o la falta de acceso a las instancias de procuración de justicia.
No obstante, se sabe que entre el 1 de enero de 2014 y el 29 de febrero de 2016 se presentaron 34 mil 200 denuncias por delitos contra personas mayores, apuntan cifras de Informe Especial sobre los Derechos de las Personas Mayores de la CNDH.
De esa cantidad, 57 por ciento se inició por delitos patrimoniales (despojo, robo a casa habitación, fraude y daños en propiedad privada, entre otros), 16 por ciento por violencia familiar, ocho por ciento por lesiones, cinco por ciento por amenazas, cuatro por ciento por homicidio y, en menor porcentaje, ilícitos como violación y abuso sexual, privación ilegal de la libertad, abandono de persona, omisión de cuidados, responsabilidad médica, trata de personas, explotación y discriminación.
En la mayoría de los casos, precisa el organismo, las formas de abuso y maltrato se cometen por integrantes de su círculo más cercano, como cónyuge, hijos o hijas, nietos o nietas, nueras, yernos y cuidadores.
Por ello, en el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora el 15 de junio, la CNDH llama a sociedad y autoridades a fortalecer el papel de las familias como núcleo de desarrollo de las personas mayores, y la capacitación de los cuidadores informales en materia de derechos humanos y trato respetuoso hacia esa población.
Además, enfatiza la necesidad de fortalecer y profesionalizar la vigilancia y supervisión de los centros de asistencia social y albergues públicos y privados para garantizar la integridad, dignidad y seguridad de los usuarios.
En esos espacios, menciona, es necesario promover la capacitación de su personal y gestionar que se incorporen los enfoques de derechos humanos, de ciclo de vida, de género y la transversalidad como ejes rectores de la legislación, políticas públicas, planes, programas y cualquier medida dirigida a la población de 60 años en adelante.
Con información de Notimex
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