Ricardo Monreal expuso que la reforma judicial será la prioridad del nuevo Congreso mexicano que comenzó este domingo
La Cámara de Diputados votará el martes la polémica reforma judicial del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte, anunció este domingo Ricardo Monreal, coordinador de la bancada del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El martes, primera sesión, solo discusión en lo general y votación. El miércoles, en otra sesión, discusión en lo particular y votación. Enseguida concluye el proceso nuestro en esa materia”, indicó Monreal en una conferencia de prensa antes de la instalación del nuevo Congreso.
El líder del oficialismo expuso que la reforma judicial será la prioridad del nuevo Congreso que comenzó este domingo, cuando la alianza de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) asumió la mayoría calificada, de dos tercios de los escaños, necesarios para modificar la Constitución.
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Con la iniciativa, que después necesitará el aval de dos tercios del Senado y la mayoría de los congresos estatales, los mexicanos elegirán en las urnas a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a partir de 2025.
Monreal desestimó los fallos de jueces que el sábado otorgaron un amparo a trabajadores del Poder Judicial con el que pidieron frenar la discusión de la reforma en el Congreso.
Incluso, anunció “tres acciones por su grave intromisión a la vida interna del Poder Legislativo: juicio político, se planteó denuncia penal por delitos cometidos en la administración de justicia y una queja ante la Judicatura”.
La mayoría legislativa opinó que es una franca intromisión, que es una violación a la Constitución y que no tiene competencia ningún juez, ningún ente ajeno al Poder Legislativo, incluso se planteó iniciar acciones”, expresó Monreal.
El oficialismo aprobará la reforma pese a la huelga que comenzaron el 21 de agosto los trabajadores del Poder Judicial y las alertas de organismos como la ONU, Human Rights Watch, y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por la incertidumbre que ocasionaría.
Con información de EFE
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