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Cámara de Diputados avala Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia
Foto de Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó este 26 de junio, tanto en lo general como en lo particular, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública.

En lo general, se emitieron 368 votos a favor, 101 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular se emitieron 324 votos a favor, 117 en contra y 0 abstenciones.

Tras su aprobación, fue enviada al Senado de la República para sus efectos constitucionales, quien deberá aprobarla antes de que concluya el periodo extraordinario, el próximo 2 de junio.

El dictamen Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública fue aprobado en San Lázaro luego de poco más de 17 horas de discusión.

 En lo particular, fue aprobada una reserva presentada por la diputada morenista Petra Romero Gómez, en donde se modifica la redacción de los artículos 6 y 23.

¿Qué contiene la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia?

En dicha legislación se establece que las instituciones de Seguridad Pública, de los tres órdenes de gobierno, deberán proporcionar la información de la que dispongan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para la identificación y esclarecimiento de hechos constitutivos de delitos de alto impacto.

Cuando dicha dependencia lo considere necesario, podrá solicitar información a particulares, bajo los mecanismos que la ley prevé.

Sin embargo, la oposición argumentó que dicha información será utilizada por el Gobierno para realizar espionaje.

“La ley es una amenaza al derecho a la privacidad e intimidad. El espionaje va en serio; es desnudar la vida de las y los mexicanos”, detalló la diputada panista María Elena Pérez-Jaén.

Entre los datos que podrá pedir la SSPC se encuentran los siguientes: datos vehiculares y placas, además de biométricos y telefónicos; registros públicos de la propiedad, comercio y de personas morales; registros de catastros y fiscales; registros de armas de fuego; registros de padrones de personas detenidas y sentenciadas; registros de servicios financieros y bancarios, además de todos aquellos de los que puedan extraer indicios para la generación de productos de inteligencia.

Con información de López-Dóriga Digital