La BMA acusó que las iniciativas de seguridad pública e inteligencia vulneran el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, advirtió riesgos por las iniciativas para expedir la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
La organización acusó que ambas propuestas vulneran el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones, establecidos en el artículo 16 de la Constitución.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, manifiesta su preocupación por las iniciativas de ley en materia de seguridad pública e inteligencia. pic.twitter.com/jkTggahgsH
— Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. (@BMA_Abogados) April 14, 2025
Mediante un comunicado, refirió que la ONU ha advertido que el uso indiscriminado de tecnologías de vigilancia por parte del Estado representa una seria amenaza para la libertad de expresión, la libertad de asociación y la privacidad en la era digital.
De este modo, la BMA defendió que fortalecer las capacidades del Estado para investigar delitos no debe dar lugar a la vigilancia masiva ni a normalizar el acceso a datos sensibles sin supervisión judicial.
Solicitamos respetuosamente al Poder Legislativo que revise estas iniciativas para asegurar su apego a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos”, expuso.
Las iniciativas plantean la creación de bases de datos con información personal, fiscal, financiera, telefónica y biométrica de las personas sin orden judicial ni criterios claros sobre su necesidad o proporcionalidad, y sin medidas adecuadas de seguridad ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Se crearía un registro similar al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que fue declarado inconstitucional por la SCJN por violar los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.
En este sentido, la BMA propone dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios para ejercer un control efectivo y establecer órganos independientes que supervisen las bases de datos autorizadas conforme a estos criterios.
Hacemos un llamado a entablar un diálogo amplio con personas expertas en derechos humanos y tecnología, para construir un marco legal equilibrado que proteja a la ciudadanía sin poner en riesgo sus libertades”, concluyó.
Con información de López-Dóriga Digital
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