En Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Oaxaca, carecen de una comisión estatal para la atención a las víctimas
Han pasado más cinco años desde que la Ley General de Víctimas entró en vigor, el 9 de enero de 2013, y hay entidades donde el rezago persiste, tanto como en los estados de Baja California y Guanajuato donde ni siquiera se ha considerado legislar al respecto.
Solo 13 entidades federativas han realizado una armonización, y en Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Oaxaca, carecen de una comisión estatal para la atención a las víctimas.
Esto lo denuncian organizaciones civiles, colectivos, víctimas y expertos provenientes de más de 15 entidades federativas del país se reunieron el pasado 18 y 19 de agosto de 2018 en el marco del Conversatorio sobre Derechos de las Víctimas: Una deuda impostergable, organizado por IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, con el fin de analizar los avances y retos en el proceso de implementación de la Ley General de Víctimas.
Por medio de un comunicado, señalaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), institución competente para la atención a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos del fuero federal, sigue marcada por una gran debilidad institucional y con grandes limitaciones para proveer una eficiente protección, atención y reparación del daño para las víctimas.
Los participantes observaron con suma preocupación el incumplimiento de las entidades federativas con sus obligaciones establecidas en la Ley General de Víctimas, en particular debido a la falta de voluntad política de los congresos y poderes ejecutivos locales, lo cual deja en el desamparo a miles de víctimas del fuero común.
A la fecha, solo 13 entidades federativas han realizado una armonización integral de la Ley y otras 17 de forma parcial, en la mayoría de los casos, los procesos de armonización legislativa se han realizado sin consulta y participación de las víctimas, como en el caso de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México aprobada en diciembre de 2017 por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, sin que hasta la fecha exista Comisión que la implemente dejando a miles de personas víctimas sin protección.
Las organizaciones y colectivos denunciaron, además, a los gobiernos estatales y los congresos locales de Baja California y Guanajuato, pues ni siquiera han aprobado la Ley.
Las organizaciones y colectivos lamentaron que a la fecha 12 entidades federativas siguen sin contar con una Comisión Estatal para la atención a las víctimas. Otras como Guerrero, Nayarit y Veracruz cuentan con una Comisión Estatal pero carecen de un Fondo Estatal, lo cual impide el acceso de las víctimas a las medidas de apoyo previstas en la Ley.
Frente a este panorama, Juan Carlos Gutiérrez, Director General de I(dh)eas dio a conocer en conferencia de prensa, el lanzamiento del “Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas”, una iniciativa impulsada por más de 30 organizaciones civiles, colectivos y expertos interesados en promover una efectiva implementación de la Ley General de Víctimas y en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la atención a Víctimas en México.
Mediante el Observatorio, esta coalición buscará incidir en el fortalecimiento del Sistema de Atención a Víctimas por medio del monitoreo, análisis y la evaluación de las instituciones encargadas de la atención a las víctimas, tanto a nivel federal como en las entidades federativas.
Las principales recomendaciones y propuestas formuladas por el Observatorio Ciudadano en el marco del Conversatorio serán enviadas a las autoridades correspondientes y se darán a conocer públicamente en los próximos días.
Con información de Quadratín
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