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Gobierno de México por resolver que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados
Familiares y amigos de los 43 normalistas de Ayotzinapa protestan en calles de Ciudad de México (México). Foto de EFE/Carlos Ramírez

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, anunció que el Gobierno de México fortalece la versión de que los jóvenes habrían sido asesinados y trasladados a distintos sitios.

El litigante aseguró que se trata de la versión que dio un testigo del Caso Iguala que se está fortaleciendo con pruebas, “pero esos testimonios dejan muchos huecos todavía, no alcanza a constituir verdad, falta mucho por investigar, falta mucho por avanzar, por esclarecer”.

Por su parte, la madre de Martín Getsemaní Sánchez García acusó que a siete años de los hechos, no hay respuesta por parte del Gobierno de México.

Reveló que los padres pensaron que “en un año nos iba a dar solución, pero no es así. Él dice que hay muchos avances; sí hay avances, pero no como nosotros quisiéramos”.

El abogado de los padres de los normalistas advirtió que habrá una confrontación mayor con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que hay instituciones “favoritas”.

Le incomoda que se pida que se investiguen algunas instituciones, y a nosotros no nos interesa si este gobierno tiene preferencias por algunas instituciones”, acusó.

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una de las mayores tragedias de derechos humanos en México, cumplió siete años con solo tres de los jóvenes identificados y el principal investigador del caso en el Gobierno anterior, Tomás Zerón, prófugo en Israel.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó hace casi tres años reanudar las búsquedas, con lo que se identificaron restos de dos nuevos estudiantes, e investigar a responsables de la Administración pasada que dieron carpetazo al caso con un falso relato de los hechos construido a partir de torturas a testigos.

Sin embargo, el hartazgo comienza a aflorar entre las familias, que dieron un voto de confianza a la Comisión de la Verdad creada por López Obrador, pero que sienten que la Fiscalía General de la República y el Ejército ponen trabas al proceso.

Además, llegaron a este séptimo aniversario sin nuevos hallazgos y tocados por la reciente muerte por COVID-19 de dos padres de familia que ya nunca sabrán el paradero de sus hijos.

Con información de El Sur Acapulco