Los diputados aprobaron estre martes, en lo general, el dictamen que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 387 votos a favor y 33 abstenciones, el dictamen por el que se crea la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado, título que fue bandera de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y con la que se pretenden ahorros y evitar impactos presupuestarios.
El dictamen, que también reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes General de Responsabilidades Administrativas, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, elimina escoltas y vehículos blindados a los servidores públicos, con excepción de aquellos con alta responsabilidad en materia de seguridad, defensa exterior, impartición y procuración de justicia.
Durante la discusión en lo general, los opositores criticaron que Morena impulse más que una iniciativa un discurso de campaña y un simbolismo de su figura presidencial, toda vez que la mayoría de los artículos del dictamen ya están en otros ordenamientos, lo que generará contradicciones.
El priista Fernando Galindo advirtió que lo único bueno de esta ley es su nombre, pero nada de nuevo, porque es una recopilación de otras leyes e incluso de decretos de austeridad de la pasada administración.
Arropado con sus compañeros de bancada con pancartas “¡Ni Obama pagaría millones por tener arrumbado un avión presidencial! #lobaratosalecaro” y “La austeridad republicana es una mentira”, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) citó algunas contradicciones.
Apuntó que el dictamen prohíbe la compra de vehículos hasta por 360 mil pesos, pero en la pasada administración era de 275 mil, o sea, ahora pretenden que el gobierno pueda comprar vehículos de mayor costo ”¿Dónde queda la austeridad, señores?”, cuestionó.
Otro aspecto es que establece que las licitaciones públicas deberán de ser la regla general en las contrataciones, eso ya lo dice la Ley de Adquisiciones.”Pero nada más otro dato, sólo 26 por ciento en esta administración se ha llevado a cabo diferente a la adjudicación directa”.
Al fundamentar el dictamen, la panista Patricia Terrazas Baca defendió la austeridad republicana del Estado y sostuvo que el principal eje es establecer medidas de esa índole al interior de la administración pública federal.
Sostuvo que se incorpora el concepto de nepotismo y la sanción correspondiente. Se establece que todas las compras serán licitación pública, no solo 70 por ciento, y las excepciones tienen que ser plenamente justificadas. Se prohíbe la creación de fideicomisos que tengan como fin ocultar los recursos públicos.
En tanto, el diputado Humberto Pedrero Moreno, de Morena, explicó que esta ley regula básicamente siete temas: impide que se expanda el gasto corriente; se prohÍbe a todos los funcionarios públicos tener chofer o secretario particular, excepto para los secretarios de Estado.
Además, se limita la contratación de personal por honorarios, así como de servicios de consultoría; se restringe el gasto destinado a comunicación social; se prohíbe la compra o renta de vehículos de lujo, la remodelación de oficinas, y limita el uso de fideicomisos públicos, además de dejar más claro la transparencia y rendición de cuentas que deberán seguir.
Sin embargo, el perredista Antonio Ortega Martínez advirtió que la Ley de Austeridad es un discurso de campaña, de un símbolo más con el que se pretende retener la confianza y la esperanza; “es una propuesta que va a repetir el camino de la Ley de Remuneraciones: amparos, suspensiones, dificultad para aplicación”.
Sostuvo que detrás de esa iniciativa “está la orden del presidente López Obrador que se publicitó prácticamente amenazando que, si en este período la Cámara no aprobaba la Ley de Austeridad, se vería obligado a presentar memorándum y decretos”.
A su parecer, este dictamen genera legislaciones contrapuestas, conflictos jurídicos, debilidades legales y antinomias que no resolverán de manera mágica el problema del descuido y de los abusos del gasto público.
El dictamen establece que los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública, serán nulos de pleno derecho, de conformidad con el marco normativo aplicable.
Con información de Notimex
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