La Auditoría Superior de la Federación identificó un probable daño patrimonial por 57.9 mdp en la operación de Jóvenes Construyendo el Futuro
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño patrimonial por 57 millones de pesos en la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Al entregar el tercer paquete de informes de la revisión a la Cuenta Pública 2019, la ASF dio a conocer los resultados de una auditoría de desempeño forense realizada al programa gubernamental.
La auditoría forense se aplicó a Jóvenes Construyendo el Futuro por su importancia, relevancia e impacto en la inclusión de jóvenes al ámbito social y laboral.
El objetivo fue verificar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos para el objeto al que fueron autorizados.
La principal irregularidad detectada por la ASF es un probable daño patrimonial por 57 millones 90 mil 400 pesos, de los que más de 48 millones son por pagos realizados a 3 mil 188 beneficiarios.
El problema es que dichos beneficiarios incumplieron con la regla de no trabajar o estudiar al momento de su incorporación al programa. Se encontró que al mismo tiempo se beneficiaron de Apoyos del Sector Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que otorga becas para la permanencia y terminación escolar del nivel superior.
Otros 183 beneficiarios, para quienes se destinaron 2.5 millones de pesos, fueron favorecidos por el Programa de Apoyo a la Educación Indígena del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
También se detectaron centros de trabajo ‘fantasmas’ y pagos por 482 mil 400 pesos a 68 beneficiarios ya fallecidos.
La Auditoría Superior de la Federación concluyó que Jóvenes Construyendo el Futuro no cuenta con mecanismos de control y procedimientos para validar y constatar la información y documentación plasmada y adjuntada en su plataforma digital, por parte de los aspirantes y beneficiarios.
Determinó también que el manejo que realiza de recursos públicos federales “no asegura las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia, eficacia y honradez al Estado”.
Con información de Milenio
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