La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la minuta sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la minuta del Senado sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, por lo que se espera que se lleve este miércoles al Pleno para su discusión.
Luis Fernando Salazar, diputado de Morena, indicó que la urgencia de su aprobación se debe a que el nuevo gobierno se encuentra obligado a dar resultados y no puede mantenerse un año más a un encargado de despacho en la Procuraduría General de la República (PGR) e imposibilitar al Senado para nombrar al próximo Fiscal y a la Cámara de Diputados para analizar su suficiencia presupuestal.
Luego de casi tres horas de discusión, se desecharon las reservas presentadas por los diputados del PAN, PRI, MC y PRD que pertenecen a la comisión.
La diputada del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán, pidió reformar el artículo 102 constitucional para eliminar la facultad del presidente de la República de poder designar al Fiscal General en caso de que el Senado de la República no llegue a un acuerdo, así como su destitución, que actualmente es una facultad que tiene solamente el titular del Ejecutivo Federal.
José Elías Lixa, del PAN, lamentó por su parte que se cruce por una nueva era metaconstitucional en la Cámara de Diputados, misma que es utilizada por el presidente como oficialía de partes que pone a los legisladores en la posición de ni siquiera revisar y mejorar lo que mande la Cámara Alta y aprobarlo en sus términos.
“Se llamó a la sociedad civil a participar, se recogieron sus peticiones, sus puntos de vista y en el dictamen no se incluyeron, no se movió nada del dictamen, es decir, escuchar a los ciudadanos en el Congreso tuvo el mismo efecto que no hacerlo”, aseveró.
Verónica Juárez, vicecoordinadora del PRD, subrayó que su partido votará en contra pues la minuta acorta la autonomía de las Fiscalías Especializadas en materia de combate a la corrupción, delitos electorales, derechos humanos y asuntos internos, lo cual vulnera el derecho de acceso a la justicia.
“Votaremos en contra porque la coordinación general (prevista en la ley) constituye en los hechos una vicefiscalía lo cual lesiona gravemente la autonomía de las fiscalías especializadas, al constituirse como un órgano fiscalizador de su actividad. Además, los servicios periciales no gozan de la independencia que han recomendado los organismos internacionales, lo cual transgrede la naturaleza de las investigaciones que desarrollen”, aseguró.
Con información de Excélsior
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