La Cámara de Diputados acordó modificaciones a la Ley General de Protección Civil, en donde estableció que dicha medida será una atribución del Comité Nacional de Emergencias
La Cámara de Diputados aprobó establecer, como atribución del Comité Nacional de Emergencias, la exención de peaje en casetas de cobro ubicadas entre la región de evacuación y la zona de seguridad inmediata.
El dictamen que reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil, fue avalado por 361 votos y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Dicho dictamen considera que la salvaguarda de la vida humana está por encima de cualquier consideración o ganancia económica e indicó que las alertas y evacuaciones son eventos extraordinarios, por lo que el impacto económico a los concesionarios de carreteras será mínimo.
Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Protección Civil, diputado Héctor Barrera Marmolejo (PAN), señaló que se trata de dar al Comité Nacional de Emergencias la atribución de gestionar la exención de peaje en casetas de cobro, ubicadas entre la zona de evacuación y el área segura inmediata; ello, en virtud de que es prioritaria la evacuación de las personas que se encuentren en riesgo ante una catástrofe.
“Se considera viable la necesidad de poner a salvo la vida de las personas y que ello no esté sujeto a la complicación de pagar o no un peaje. El dictamen no causa un aumento o creación de gasto al Presupuesto de Egresos”, afirmó.
Detalló que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara determinó que si bien el pago de peaje representa un ingreso, la exención de los cobros puede verse como un costo imputado y dado que el ingreso para el gobierno federal es marginal del 0.5 por ciento, no es posible estimar su monto hasta que no ocurra la emergencia.
Barrera Marmolejo mencionó que México se ha visto asolado por diversos fenómenos naturales que lamentablemente han cobrado vidas humanas, por lo que es necesario que “reconozcamos la importancia de la protección civil y de la prevención”.
Puntualizó que se debe dotar a las autoridades con mejores instrumentos legales para prevenir desastres y siniestros, dar avisos de alarmas en casos graves de emergencia, así como realizar labores de evacuación, dispersión, albergue, socorro, rescate y salvamento.
En los posicionamientos, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (PES) expresó que el dictamen tiene como argumento que la vida humana no puede ser tasada en términos económicos y es preferible “tener pérdidas presupuestarias que de vidas humanas. Siempre saldrá menos costoso invertir en medidas preventivas que pagar las consecuencias de la falta de ellas”.
Añadió que la reforma debe precisar con claridad que en este caso de emergencias serán gratuitas todo tipo de casetas, ya sean federales, estatales, así como las concesionadas y administradas por particulares, de tal manera que “el texto legal dé certeza a la obligación de todos quienes administran las casetas de peaje”.
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