AI condena espionaje del Ejército para soslayar su investigación sobre el caso Ayotzinapa
Foto de EFE / Archivo

El seguimiento hecho por militares de distintos países de América Latina a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) demuestra el deterioro del respeto a los derechos humanos y resulta inadmisible, expresó Amnistía Internacional.

AI expuso que las recientes filtraciones conseguidas por el grupo de hackers Guacamaya de varios servidores de las Fuerzas Armadas de diferentes países de la región “ha mostrado un monitoreo de las actividades de organizaciones de la sociedad civil, incluida Amnistía Internacional”, por parte de los ejércitos, por ahora, de México y Perú, “evidenciando el deterioro del respeto a los derechos humanos”.

“El monitoreo indebido contra OSC identificado en las filtraciones de Guacamaya es una muestra del contexto hostil en el que trabajamos las organizaciones que defendemos los derechos humanos en las Américas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Y añadió que si los ejércitos de países como México y Perú “han monitoreado indebidamente nuestro trabajo, para menoscabar la defensa de las víctimas de violaciones a los DD.HH., nos alarman aún más los ataques a los que pueden ser sujetas nuestras organizaciones hermanas y las personas defensoras de derechos humanos en toda la región”.

La representante de AI señaló que en lugar de monitorear las actividades de las OSC, los ejércitos y demás autoridades de la región “deberían de garantizar un entorno propicio para la defensa de derechos y reconocer el importante rol que desempeñan las personas defensoras de los derechos humanos”.

“Los monitoreos revelados son inadmisibles. Desde Amnistía Internacional los condenamos enérgicamente y exigimos el total esclarecimiento de esas acciones”, expuso Guevara.

Recordó que en México, el semanario Proceso publicó un documento de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) “con múltiples referencias a las observaciones de Amnistía Internacional con respecto a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014”.

Entre las recomendaciones del documento, se propone “soslayar la participación de Amnistía Internacional” en una visita de los padres y madres de los estudiantes al cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero.

Además, hacen referencia a las declaraciones emitidas por Guevara Rosas “en relación con las deficiencias en la investigación” sobre la posible responsabilidad de las fuerzas armadas en la desaparición forzada de los estudiantes, denotando el monitoreo realizado con el fin de encubrir la ya desmantelada “verdad histórica”.

La semana pasada varios medios mexicanos reportaron la filtración de decenas de miles de correos electrónicos que estaban desde 2016 hasta la actualidad en los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los más de 4 millones de documentos fueron extraídos por Guacamaya, un grupo de activistas informáticos anónimos que ya habían hackeado a compañías mineras de países como Chile o Guatemala, petroleras de Venezuela, la Fiscalía de Venezuela, el Ejército chileno o el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, entre otros.

Con información de EFE