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Amnistía Internacional celebra que México no cierre caso de bebé robado en el franquismo
Foto de EFE

Amnistía Internacional celebró este jueves que un juez mexicano revocara la decisión de la Fiscalía de archivar el caso de Ligia Ceballos, posible bebé robado en 1968 durante la dictadura franquista en España y adoptado en México.

“Es una muy buena noticia que la justicia mexicana tome una decisión que, sin duda, ayudará a Lily a encontrar la verdad sobre quién fue su madre biológica y si fue separada de ella con o sin su consentimiento”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, según recoge un comunicado de la organización divulgado en México.

Amnistía informó que durante el juicio oral celebrado el pasado lunes, el juzgado de control “revocó la decisión adoptada por la Fiscalía mexicana el pasado 25 de mayo de 2021, que daba por concluida la investigación” por la muerte de los presuntos culpables del robo.

Con esta decisión, la justicia mexicana da un paso importante en la lucha contra la impunidad por crímenes de derecho internacional cometidos en España durante el franquismo, para que Lily conozca la verdad”, reconoció la organización de derechos humanos.

Asimismo, subrayó que estos delitos solo cesan “cuando se descubre la verdad sobre la identidad y se garantiza a las víctimas la posibilidad legal y real de restablecerla”.

Según recogió el comunicado de Amnistía, Ligia Ceballos consideró “muy emotivo conocer la decisión de la jueza”.

El proceso de investigación continúa abierto, tener la posibilidad de conocer mis orígenes me supone una gran alegría”, expresó Ceballos, asesorada por Amnistía.

Ligia Ceballos Franco nació en Madrid el 29 de mayo de 1968 con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez, siendi entregada cuando era bebé en prohijamiento a un matrimonio mexicano que se la llevó a su país, inscribiéndola como hija natural y nacida en México.

La única información que consta sobre su filiación son los nombres supuestos de sus padres, Marta y Rafael.

El 15 de febrero de 2017 presentó una denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que en pocos días decidió admitirla a trámite, por presunta desaparición forzada.

Según el padre adoptivo de Ligia, ya fallecido, y otros múltiples testimonios recogidos directamente por Amnistía Internacional, este matrimonio recurrió a las autoridades eclesiásticas del estado de Yucatán porque no podían tener hijos de forma natural.

Según testimonios de los familiares, el matrimonio buscaba una niña blanca, de rasgos europeos y habría pagado 50 mil pesetas por la adopción, sostiene Amnistía.

“Mis padres me confirmaron que fui adoptada en España al nacer”, contó el pasado 27 de marzo en entrevista con Efe la mujer, que hoy reside en Estados Unidos.

Con información de EFE