El juzgador impuso a la imputada, como medida cautelar, la firma semanal; además de que se le inmovilizó una cuenta, se le prohibió salir del país y acercarse a las víctimas
Un juez de control calificó de legal la detención y vinculó a proceso a la administradora del página web Zona Divas, donde se anunciaban a mujeres extranjeras para presuntamente explotarlas sexualmente.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México añadió que el juzgador fijó un plazo de cuatro meses para la conclusión de las investigaciones e impuso a la imputada, como medida cautelar, la firma semanal; además de que se le inmovilizó una cuenta, se le prohibió salir del país y acercarse a las víctimas.
Las investigaciones realizadas por la dependencia, en coordinación con autoridades del Estado de México, en torno a los feminicidios de sudamericanas perpetrados el año pasado, derivaron en la captura de la imputada, mediante orden de aprehensión, quien fue puesta a disposición de un juez de control en el Penal de Santa Martha Acatitla, quien ya definió su situación jurídica respecto a la acusación que tiene en su contra por el delito de trata de personas.
Las testimoniales de las víctimas permitieron establecer el modo de operar de la imputada de 34 años de edad, quien a través de la página web denominada Zona Divas promocionaba el servicio de las víctimas, a quienes anunciaba como escorts.
Las primeras investigaciones revelan que las mujeres vivían hacinadas en diversos inmuebles, cuyas rentas debían pagar ellas, además de que se les cobraba una cuota mensual presuntamente por el servicio de promoción en dicha página.
Durante un cateo realizado este martes por la PGJ, en la colonia Ciudad de los Deportes, de la delegación Benito Juárez, se aseguraron cuatro inmuebles y se liberó a 18 mujeres, 10 venezolanas, siete colombianas y una paraguaya, quienes presuntamente eran víctimas de trata en el lugar.
Todas ellas fueron trasladadas a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, donde se les proporciona atención psicológica, jurídica y médica, en tanto se define su situación migratoria.
Los inmuebles fueron puestos a disposición del representante social, quien determinará si los propone para el ejercicio de la extinción de dominio.
Con información de Quadratín
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