La FGR imputó al extitular de Pemex los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Emilio Lozoya, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho por la compra de una casa en Ixtapa, Zihuatanejo, Guerrero, de acuerdo con registros judiciales.
Dicha residencia fue comprada por Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya y presuntamente se trata de un soborno del presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo.
Según los registros judiciales con el expediente 575/2019, el juez de amparo en materia Penal, Erik Zabalgoitia Novales, otorgó un plazo de 48 horas al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, para que aclare su informe de ley sobre la orden de captura contra el exfuncionario.
Del informe que rindió el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte ante titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en materia Penal, quien lleva el juicio que interpuso Lozoya contra la orden de aprehensión, se especifican los delitos contra el exfuncionario.
“…el referido juzgador, al rendir su informe previo aceptó el acto reclamado, y al efecto refirió que en la causa penal, el cuatro de julio del año en curso, dictó orden de aprehensión, entre otros, en contra del aquí impetrante, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos”, planteó el informe.
Detalló que los delitos que se le imputan corresponden a operaciones con recursos de procedencia ilícita; asociación delictuosa y cohecho, previsto en el artículo 222 fracción I, sancionado en su último párrafo del Código Penal Federal.
Aclaró que “no se desprende que haya precisado la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa (aquí deberá expresarse, en su caso, el monto de la reparación del daño), así como la posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia (según las constancias o antecedentes del acto)”.
La jueza federal Luz María Ortega recibió 14 pruebas documentales que Lozoya presentó como parte del amparo contra la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero en la compra de Agro Nitrogenados.
Entre las pruebas destaca el acta del Consejo de Administración de Pemex, en la que se acuerda tomar conocimiento del proceso de adquisición de esta planta, con fecha del 17 de diciembre de 2013.
La jueza Ortega fue quien rechazó citar a comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, como testigos en las investigaciones por irregularidades en el caso de la compra de la planta de Agro Nitrogenados, resolución que Lozoya impugnó.
Con información de López-Dóriga Digital
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