Amnistía Internacional acusó que el Gobierno de México privilegia el criterio político y subordina decisiones en materias como la seguridad nacional o la crisis migratoria
El Gobierno de México ha privilegiado el criterio político sobre los principios que rigen los derechos humanos al tomar decisiones en materias de capital importancia como la seguridad nacional o la crisis migratoria, aseveró este lunes Amnistía Internacional (AI).
Al emitir su posicionamiento sobre los derechos humanos un año después de la elección que llevó al poder al presidente Andrés Manuel López Obrador, AI afirmó que esta subordinación a criterios políticos “puede afectar el proceso de consolidación de los derechos humanos y conducir a graves retrocesos”.
Como ejemplo citó la creación de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo que entró en funciones formalmente este domingo, con el que el Gobierno quiere hacer frente a la crisis de inseguridad en el país.
Recordó que para la elaboración de la ley por la cual se conformaría esta fuerza se efectuaron sesiones de parlamento abierto en que se escucharon las opiniones de expertos y organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Sin embargo, destacó que los trabajos para elaborar las leyes secundarias que rigen a la Guardia distaron mucho de ser abiertos y transparentes.
Sobre la migración de miles de centroamericanos a México, contrastó la política inicial de puertas abiertas, que incluyó el ofrecimiento de visas, con la postura actual de enviar a la Guardia Nacional para contener el flujo de migrantes.
Por otro lado, lamentó que en febrero de 2019, el presidente se refirió con desdén a las OSC señalando, entre otras cosas, que son simuladoras y que solo se dedican a analizar la realidad sin transformarla.
“Esa descalificación no tiene validez. Con su intenso trabajo, las OSC han contribuido a impulsar importantes ordenamientos” como la despenalización del aborto, la aprobación del matrimonio igualitario o la paridad de género en el poder legislativo, expuso AI.
Por ello, consideró que el Gobierno mexicano debe abrir un espacio para el diálogo permanente con representantes de las organizaciones civiles a fin de que sociedad y autoridades trabajen conjuntamente, “tal y como debe suceder en una democracia”.
Asimismo mencionó que en el sexenio pasado se creó el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el cual opera con serias deficiencias.
AI reconoció que, aunque el Gobierno actual ha mostrado interés en incorporar cambios que hagan más efectivo el mecanismo, hasta la fecha no ha habido ninguna iniciativa y las personas defensoras de derechos humanos continúan siendo asesinadas en el país.
“Hacemos un llamado al Gobierno a evitar la criminalización de defensores y establecer condiciones que les garanticen seguridad pero que también les permitan continuar con su labor de defensa”, dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de AI México.
Con todo, la organización reconoció que la política en materia de derechos humanos del Gobierno mexicano ha tenido algunos aciertos.
Destacó los pasos que ha dado el Gobierno para dar seguimiento a la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.
La creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para ese caso tiene un reto muy grande, por lo que requiere de todo el apoyo de la Fiscalía General de la República, sostuvo.
También encomió el gesto que ha tenido López Obrador de reunirse con familiares de personas desaparecidas, de víctimas de feminicidio y de los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC en 2009.
“Ante la persistencia de los claroscuros que caracterizan la postura del Gobierno mexicano en derechos humanos, Amnistía Internacional hace un nuevo llamado para que el tema se aborde desde una perspectiva integral y se escuchen las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil, en un afán por sentar las bases de una sociedad más incluyente y democrática”, sostuvo.
Con información de EFE
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