Los tres testigos clave de Tlatlaya han caído en contradicciones en sus declaraciones ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El 30 de junio de 2014, 22 personas murieron en un enfrentamiento entre un grupo armado y miembros del Ejército mexicano en una bodega abandonada en una comunidad de Tlatlaya, Estado de México.
El caso por estas muertes, en donde presuntamente algunos militares ejecutaron a varias personas, sigue abierto y las tres principales testigos han caído en contradicciones en las declaraciones que integran el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Al principio afirmaron haber sido secuestradas, pero después cambiaron su versión de los hechos, y dos de ellas detallaron que eran sexoservidoras contratadas por el grupo armado el 30 de junio de 2014.
Ahora el juez deberá valorar estas versiones en el proceso penal en contra de siete soldados que están implicados en el homicidio de ocho de las 22 personas que murieron en esa bodega de Tlatlaya. La defensa de los inculpados ya pidió que se tome en cuenta que las testigos han cambiado su versión de los hechos.
Las testigos clave son: Cinthia Estefany Nava López, Patricia Campos Morales, y otra mujer que se ha mantenido con el alias de Julia.
Hace un año, Nava López declaró que estaba secuestrada y amarrada en la bodega con dos hombres y otra mujer llamada Patricia. Agregó que cuando los soldados llegaron ella estaba dormida y escuchó que los militares pidieron a los civiles que se rindieran. Sin embargo, en una segunda declaración aceptó que ese día estaba ahí como sexoservidora.
Por su parte, Patricia Campos Morales también declaró hace un año que estaba secuestrada y amarrada junto con dos hombres y una mujer que también sobrevivió. Añadió que “a los hombres los mataron los militares”.
Solo que en octubre pasado aceptó que estaba ahí como sexoservidora y que un hombre conocido como El Chino le dijo que le amarraría las manos con un alambre “para que cuando entraran los militares les dijera que estaba secuestrada”.
Julia declaró en junio pasado que ella era la única persona ajena al grupo en el lugar, que todas las demás mujeres convivían con los hombres armados, y que alcanzó a oír dos apodos: El Ocho y El Mexicano. Agregó que todos los hombres que se encontraban en la bodega estaban armados.
Sin embargo, el 1 de octubre de 2014, en otra declaración, puntualizó que llegó a San Pedro Limón, Estado de México, en busca de su hija, y que la encontró con un grupo de hombres armados. Dijo que los hombres se las llevaron a la bodega en donde después sucedió el enfrentamiento contra el Ejército.
Fue Julia quien hizo público el caso, al decir que los soldados dispararon contra civiles que ya se habían rendido, y que entre las víctimas estaba su hija de 15 años de edad. Aunque, en los peritajes realizados por la PGR se comprobó que Érika murió durante el enfrentamiento.
A los siete militares se les acusa por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo. Solo a tres de los siete se los juzgará además por abuso de autoridad y homicidio calificado
Con información de El Universal.
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