Organizaciones y actores políticos advirtieron que el diseño actual de la elección judicial de 2027 no garantiza perfiles idóneos ni una justicia de calidad
Más de 150 organizaciones y actores políticos en México lanzaron un llamado urgente para aplazar la elección judicial de 2027 y rediseñar el modelo, tras las fallas detectadas en la primera votación de 2025.
En una carta dirigida a autoridades legislativas y electorales, los firmantes advirtieron que el diseño actual del proceso no garantiza la idoneidad de los perfiles ni la calidad de la justicia, y alertaron sobre riesgos estructurales que podrían comprometer su credibilidad.
El posicionamiento, respaldado por especialistas, academia y organizaciones civiles, planteó que la elección judicial no debe coincidir con procesos políticos, como las elecciones ordinarias de 2027, donde se elegirán diversos puestos legislativos y ejecutivos.
En concreto, advirtieron que esto podría introducir dinámicas partidistas, clientelares o de movilización que vulneren la independencia del Poder Judicial.
“La elección de personas juzgadoras, en su diseño actual, plantea riesgos relevantes y no es suficiente por sí sola para garantizar la legitimidad del sistema de justicia”, subrayaron los firmantes.
Entre los principales señalamientos está la falta de filtros técnicos en las candidaturas, lo que abre la puerta a aspirantes sin suficiente experiencia, además de problemas operativos detectados en 2025, como boletas complejas, información limitada para el electorado y criterios dispares en la evaluación de candidatos.
También cuestionaron el esquema actual de evaluación, dividido en tres comités -uno por cada Poder del Estado-, al considerar que generó desigualdad en los criterios, falta de estándares homogéneos y percepciones de sesgo político.
Frente a ello, propusieron elevar los requisitos técnicos para aspirantes, homologar los mecanismos de evaluación y rediseñar aspectos clave del proceso electoral para hacerlo más comprensible, confiable y manejable.
Finalmente, insistieron en que aplazar la elección permitiría corregir fallas sin abandonar el modelo, sino ajustarlo para garantizar mejores condiciones de implementación.
La elección del Poder Judicial forma parte de la reforma impulsada por el gobierno mexicano, que el año pasado introdujo el voto popular para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
El proceso se desarrolló en dos etapas: una primera jornada realizada en junio de 2025, en la que se renovó una parte de los cargos, y una segunda prevista para 2027, cuando se elegirá el resto de los puestos federales y la totalidad de los locales.
Para 2027, la elección judicial está programada para coincidir con comicios federales y locales, lo que generó advertencias sobre posibles riesgos de influencia partidista.
Tras observar la elección de 2025, la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló que para la jornada de 2027 podría incrementarse el riesgo de influencias partidistas si coinciden con comicios en todo el país.
Además, especialistas recomendaron ajustar el modelo antes de la siguiente jornada, incluyendo simplificar las boletas y evitar concentrar demasiados cargos en una sola elección.
Con información de EFE
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