Un grupo opositor en Nicaragua acusa que la Policía tiene sitiada la casa donde se encuentran miembros de la organización
La Policía de Nicaragua sitió este sábado a un grupo de opositores y además cortó el suministro de agua potable en la casa de seguridad donde viven, en Managua, denunció la disiente Unidad Nacional Azul y Blanco.
Dictadura mantiene asedios contra ciudadanos, esta vez, a integrantes de la Unidad Nacional, entre ellos Ariel Sotelo y Alexa Zamora, miembros del Consejo Político, además de dos menores de edad, el régimen continúa demostrando sus abusos contra la población nicaragüense”, informó la organización opositora, a medios de comunicación.
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Sotelo confirmó a Efe, vía telefónica, que al menos dos automóviles de la Policía Nacional llenos de agentes, se establecieron alrededor de la propiedad desde temprano por la mañana, cortaron el suministro de agua, y advirtieron que ninguno de los ocupantes podía salir.
“En un momento los policías dijeron que iban a entrar, pero no lo han hecho, estaban haciendo conteo de cuántas personas vivimos aquí, también cortaron el servicio de agua”, afirmó Sotelo.
Junto a Sotelo y Zamora, más dos hijos de esta, se encuentran encerrados los miembros de la opositora Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) y de la Articulación de Movimientos Sociales Marjorie Duarte, Aritz Báez, y Mélida Zapata, confirmó el disidente.
Integrantes de la CUDJ que no están sitiados denunciaron que a la par de los policías hay civiles, que identificaron como “posibles paramilitares sandinistas”.
Las casas de seguridad son utilizadas rutinariamente por los opositores en Nicaragua, para evitar ser capturados, o que sus familias sean asediadas, amenazadas o agredidas, por policías o por civiles armados afines al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Ortega “tiene miedo”
Sotelo, un “excarcelado político”, afirmó que es la primera vez que la casa de seguridad que ocupa, en un barrio del sureste de Managua, es rodeada por la Policía, a pesar de que acciones como estas son comunes en contra de los opositores en Nicaragua.
“Este es un mensaje del régimen, que esto es lo que se va a vislumbrar para 2021, un panorama en que los opositores vamos a ser hostigados, presos literalmente en nuestras casas, Daniel Ortega tiene miedo de ir a unas elecciones libres”, destacó Sotelo.
Nicaragua vive su segunda crisis sociopolítica más fuerte de los últimos 40 años, ambas con saldos mortales y bajo gobiernos dirigidos por Ortega, quien necesita ganar las elecciones de noviembre próximo para extender por cinco años más un mandato que ostenta desde 2007.
Los opositores y la comunidad internacional reclaman a Ortega la liberación de más de un centenar de “presos políticos”, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2018 y 2019 sobre el respeto a los derechos humanos y restablecimiento de las libertades públicas, el retorno de más de 103.000 exiliados, así como elecciones “libres, justas, transparentes y observadas”.
Ortega y el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) han reiterado su interés en mantenerse en el poder después de 2021, y han promulgado leyes que, según los expertos constitucionalistas, restringen la participación de los opositores en la vida pública y en cargos de elección popular.
Otros disidentes ya han denunciado sufrir “casa por cárcel permanente” sin ser acusados ni condenados, entre ellos una mujer que vistió de huipil en protesta contra Ortega, y el dirigente de la Unidad Nacional Félix Maradiaga.
La crisis actual de Nicaragua se desató en 2018, cuando protestas antigubernamentales fueron reducidas con ataques armados que dejaron cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio.
Con información de EFE
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