Joaquín López-Dóriga fue el primer reportero que informó al mundo de la muerte del general Franco
El 20 de noviembre de 1975, hace cuatro décadas, el mundo se conmocionaba con el anuncio de “Franco ha muerto”.
Algunos españoles lloraron la muerte del general, mientras que otros la celebraron en espera del inicio de una nueva etapa de democracia y libertad en España.
Joaquín López-Dóriga, que en aquel momento se encontraba en Madrid, fue el primer reportero que informó al mundo de la muerte del general Franco, y junto con él, una dictadura que duró 36 años.
Carlos Arias Navarro, entonces presidente del Gobierno, anunció en televisión a todos los españoles la muerte del dictador.
Después de una guerra civil de tres años, los españoles aprobaron en referéndum una nueva Constitución democrática.
Franco fue enterrado en la basílica del Valle de los Caídos.
Piden retirar los restos de Franco
Abogados españoles encabezados por Baltasar Garzón solicitaron al gobierno español que los restos de Francisco Franco dejen de estar enterrados junto a sus víctimas, coincidiendo con el 40 aniversario de la muerte del dictador, marcada por un abrumador silencio “oficial”.
Que el viernes ningún acto marque el fin de la dictadura tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 demuestra que “no hay una madurez democrática en España” para afrontar ese oscuro capítulo de la historia, señaló Garzón en la presentación de su iniciativa.
“Es muy grave lo que se está produciendo con ese silencio casi formal y oficial”, agregó el exjuez, mundialmente famoso por la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, pero inhabilitado por la justicia española desde 2012 por haber ordenado escuchas ilegales durante una investigación.
Tras la muerte de Franco, los partidos políticos españoles decidieron hacer tabla rasa de sus diferencias para allanar el camino hacia la democracia, con medidas como una Ley de Amnistía aprobada en 1977.
Sin embargo, casi cuatro décadas después, esta situación sigue impidiendo que se investiguen y juzguen más de 110 mil desapariciones forzosas y que las familias de las víctimas busquen aún los restos de sus allegados enterrados en fosas comunes.
En este contexto, Garzón y otros dos abogados presentaron este jueves una petición para que se transforme el denominado Valle de los Caídos, “uno de los símbolos más potentes del franquismo”, en un “espacio de memoria” a imagen del excampo de exterminio nazi de Auschwitz o la Escuela Mecánica de la Armada, centro clandestino de detención de la dictadura militar argentina.
Descomunal monumento a la gloria del régimen a unos 50 kilómetros de Madrid, el Valle de los Caídos fue construido entre 1940 y 1958 con el trabajo forzado de unos 20 mil presos del bando republicano, perdedor de la Guerra Civil (1936-1939).
El dictador yace allí enterrado junto al fundador del partido fascista Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.
En ese mismo lugar, gigantesca basílica de mármol y granito coronada por la que se considera la cruz más grande de la cristiandad, fueron trasladados en los años 1950 sin autorización de sus familias los restos de más de 30 mil víctimas del bando republicano.
“Es una de las ofensas a las víctimas más potentes que todavía existen en España”, consideró Garzón. “Los enterramientos del dictador y el fundador de la Falange contradicen cualquier posibilidad de que éste sea un lugar de memoria mientras estén allí”, agregó.
El ejecutivo conservador de Mariano Rajoy tiene legalmente hasta mediados de enero para responder a la petición, explicó el abogado Eduardo Ranz, precisando que si ésta es ignorada o rechazada emprenderán la vía judicial, amparándose en una ley de Memoria Histórica elaborada en 2007 por el anterior gobierno socialista.
En un país aún dividido casi 80 años después del inicio de la guerra civil, la izquierda busca dar reconocimiento a las víctimas, mientras la derecha encabezada por el Partido Popular (PP) de Rajoy considera innecesario “reabrir heridas”.
La ley de Memoria Histórica, aprobada antes de que España se sumiese en cinco años de crisis económica que trastocó las prioridades políticas, prevé erradicar símbolos franquistas aún existentes -nombres de calles o monumentos históricos- y ayudar financieramente a las familias de las víctimas a recuperar sus restos.
Tras su llegada al poder a finales de 2011, el PP no la derogó pero, como reconoció Rajoy a principios de noviembre, la redujo a papel mojado.
“La ley de la Memoria Histórica, la asignación presupuestaria en los cuatro presupuestos que ha hecho este gobierno (…) ha sido cero. La media es cero porque fue cero todos los años. Cero, oiga”, se jactó en un acto público.
En opinión de Garzón, el Estado español debe pedir disculpas a los represaliados.
“El hecho de que el rey de España comparezca ante las Cortes y pida perdón a las víctimas del franquismo sería de una relevancia impresionante”, afirmó. Aunque de momento, habrá silencio.
Con información de AFP/ Anna Cuenca
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