América Latina vivió una semana muy intensa y compleja, una semana de pesadilla, relata el analista político Daniel Zovatto
Por: Daniel Zovatto, director de IDEA Internacional para América Latina
Hemos tenido en la región una semana muy intensa y compleja, relata el Dr. Daniel Zovatto, analista político, experto en democracia y elecciones, director regional América Latina y el Caribe.
El experto señaló que, en los últimos días, la región ha vivido días convulsos: en Colombia estalló una gravísima y muy violenta protesta social, de la que no se ve cerca una salida a esta grave crisis.
En El Salvador, han ocurrido destituciones, por orden del presidente, Nayib Bukele, en los demás poderes del Estado, reemplazándolos por gente cercana a él.
En Brasil, la policía mató a más de 28 personas en Río de Janeiro.
Y en México, el presidente López Obrador llamó a ciertas ONG como ‘golpistas’, denunciando, además, un presunto financiamiento de Estados Unidos.
Aquí un recuento de lo sucedido en la región.
Colombia aún no encuentra salida a la crisis
En Colombia estalló una gravísima y muy violenta protesta social que provocó numerosas muertes (27, de momento) debido a la reprensión policial.
Aún no se encontró una salida a esta grave crisis.
Los colombianos salieron este sábado de nuevo a la calle, en la onceava jornada de protestas contra el Gobierno de Iván Duque, mientras el país sigue afectado por los bloqueos de vías e inmerso en el debate sobre la violencia policial y la necesidad de una reforma para evitar más asesinatos y abusos.
Las protestas, que volvieron a tomar múltiples calles de las ciudades de forma pacífica, marcharon a ritmo de cumbia en Bogotá, con jóvenes usando el arte como forma de expresión.
Los manifestantes, en su inmensa mayoría jóvenes, salen, como cada día, en protestas improvisadas y organizadas la jornada anterior, que ya dejan ver el cansancio de once días de movilizaciones sociales que comenzaron pidiendo la caída de la ya retirada reforma tributaria, pero que ahora han abierto el abanico a muchas otras demandas que incluyen la caída del Gobierno de Duque y acabar con la brutalidad policial.
A pesar de este desgaste, los protestantes siguen mostrando fuerza e imaginación, y hoy, un grupo de ellos en Bogotá, bloquearon una de las calles con sus cuerpos tumbados y tapados con sábanas blancas por los que han perdido la vida en estos días de manifestaciones.
Tras dos días sin ningún reporte de muertos o asesinados en las protestas, anoche se vivió una noche de nuevo gris, con episodios de violencia en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas, y en Pereira (oeste).
En esta última, capital del departamento de Risaralda, se volvieron a vivir escenas de disparos de civiles armados a protestantes pacíficos, en episodios que a algunos les recuerdan al paramilitarismo colombiano.
Héctor Fabio Morales, un joven colombiano de 24 años, murió después de ser atacado en la zona del Museo del Arte, donde se desarrollaba una protesta, con arma de fuego por supuestos civiles, que le hirieron de forma letal en la cabeza.
Algo similar ocurrió en la noche del 5 de mayo, cuando varios hombres armados salieron de un vehículo, dispararon contra un grupo de protestantes e hirieron de gravedad a Andrés Felipe Castaño, quien ha conseguido despertar en el hospital, y Lucas Villa, que se encuentra en una situación crítica y con pronóstico reservado, después de recibir hasta ocho disparos en el cráneo.
En Cali, también se vivieron episodios similares después de que varias personas que iban en un coche de alta gama abrieron fuego contra un grupo de manifestantes en el sector de La Luna, en el centro de la ciudad, hiriendo a al menos dos personas, una de ellas de gravedad.
Al menos 27 personas han muerto durante las jornadas, según informaron el viernes la Fiscalía y la Defensoría en un documento en el que aclararon que de esos fallecimientos 11 están ligados directamente con los hechos, siete están “en verificación” y hay nueve que no tienen relación con las protestas.
Sin embargo, la ONG Temblores ha documentado 37 víctimas mortales, mil 708 casos de uso abusivo de la fuerza, al menos 26 víctimas de agresión ocular, 234 casos de violencia física y 934 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, así como casos de violencia sexual contra 11 personas.
También hay 548 personas desaparecidas, de las cuales 189 han sido ubicadas, mientras que 359 casos continúan en proceso de verificación, según el último reporte de la Defensoría.
El Salvador: Bukele descabeza instituciones, pero los reemplaza por cercanos
El presidente de El Salvador descabezó la sala de lo Constitucional, así como al Fiscal General y los reemplazo por gente cercana a él, afirma el Dr. Zovatto.
El Salvador se ha adentrado en una crisis política desde que el oficialismo tomara las riendas de la Asamblea para el periodo 2021-2024 y, como primera acción, votara la destitución de los magistrados constitucionales y el fiscal general Raúl Melara, con los que el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año.
Ante esto, el presidente salvadoreño sostuvo una reunión el lunes con el cuerpo diplomático destacado en el país, en la que justificó la decisión del Congreso y reclamó a los embajadores por las condenas y críticas que se hicieron al respecto.
“No nos esperábamos en ningún momento una condena internacional porque no había nada que condenar”, dijo.
El pasado 2 de mayo, Raúl Melara, el exfiscal general de El Salvador, y Marina Marenco de Torrento, exmagistrada de la Sala de lo Constitucional, dieron a conocer las cartas de renuncia a sus cargos en las que señalaron que la votación realizada por la Asamblea Legislativa para su destitución es “inconstitucional”.
Melara dio a conocer la carta mediante su redes sociales, mientras que la de Marenco fue divulgada por diversos medios de comunicación social.
https://twitter.com/MelaraRaul/status/1389061192476364807
Marenco se suma así al exmagistrado Aldo Cáder, quien también presentó su renuncia por “razones personales y familiares diversas”.
Un día antes tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, y su primera decisión fue destituir a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a Melara.
Los diputados oficialistas, que suman 64 votos de los 84 diputados, acusaron a los magistrados de “fraude a la Constitución” y de ejercer funciones propias del Ejecutivo en sus fallos sobre el manejo de la pandemia, mientras que a Melara lo señalaron de poseer vínculos con un partido opositor.
Tras conocerse la destitución, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucional la votación en su contra, acción que diversos abogados consideran que anula la votación.
“Rechazo todos los señalamientos hechos a mi persona, ya que he tenido una larga trayectoria jurídica en la que he evidenciado mi honestidad y capacidad”, sostuvo Melara en la misiva.
La decisión de la Asamblea Legislativa, apoyada por el presidente Nayib Bukele, ha generado preocupación en el Gobierno de Estados Unidos y diversos organismo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI).
“Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador, a la luz de la votación de la Asamblea Legislativa para destituir a los jueces del tribunal constitucional”, publicó en Twitter la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.
Añadió que “un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana, y para una economía fuerte”
Brasil: la masacre
En Brasil, esta semana la policía mató a más de 28 personas en una favela de Río de Janeiro.
El operativo policial que tuvo lugar el jueves en una favela de Río de Janeiro dejó 28 muertos, según confirmó este sábado la Policía, que redujo en uno el balance de fallecidos frente a los 29 que reportó horas antes por error.
La Policía Civil de Río comunicó en la mañana de este sábado que el número de óbitos durante la operación desplegada en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de la capital fluminense, había subido de 28 a 29, aunque posteriormente corrigió el dato.
“El error ocurrió por cuenta de dos cuerpos que no estaban identificados en el hospital, pero que ya habían sido identificados por el Departamento de Homicidios; lo que provocó el doble conteo”, indicó la Policía Civil en una nota.
El viernes por la noche, la corporación ya había elevado de 25 a 28 los decesos, entre ellos el de un inspector de policía.
Los 27 restantes corresponderían a supuestos “criminales”, de acuerdo con la versión de las autoridades.
La acción, que se extendió por nueve horas, tenía por objeto combatir el reclutamiento de menores por parte de una banda de traficantes, pero terminó convirtiéndose en la “mayor masacre” policial en la historia de Río de Janeiro, según diversas asociaciones de Derechos Humanos.
Después de más de 48 horas de espera, la Policía divulgó la identidad de los presuntos 27 criminales este sábado, día en el que las familias enterraron a algunas de las víctimas sumidos en la más profunda tristeza, en el cementerio de Inhaúma de Río, según constató Efe.
El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, pidió en la víspera al gobernador de Río, Claudio Castro, y a otras autoridades de la región que “esclarezcan las circunstancias” de la acción, ante las múltiples denuncias de abusos cometidos por los agentes.
El juez Luiz Edson Fachin, de la Corte Suprema de Brasil, afirmó incluso haber visto indicios de “ejecuciones arbitrarias” en videos que analizó.
Según relatos de vecinos y videos publicados en las redes sociales, durante la operación los agentes invadieron domicilios sin autorización judicial, dispararon a personas rendidas y confiscaron los celulares de los testigos.
La Policía Civil negó todas las acusaciones de abusos y afirmó que actuó de forma planificada y bajo la supervisión de la Fiscalía.
El gobernador Castro, dijo, por su parte, que la acción fue fruto de un “largo y detallado trabajo de inteligencia” que se prolongó durante “diez meses”.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), entre otras organizaciones internacionales, han condenado esta brutal operación, que ha indignado a los vecinos de la favela de Jacarezinho, que la han calificado de “masacre” y “genocidio” contra la población negra.
La Oficina de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos también manifestó su preocupación y denunció posibles intentos de las fuerzas de seguridad para evitar que se pueda llevar una investigación independiente de lo ocurrido.
Solo en el primer trimestre de este año 453 personas han muerto a manos de uniformados en Río, según datos oficiales.
En México, AMLO llamó a ciertas ONG “golpistas”
En nuestro país, el Gobierno Federal envió una queja a Estados Unidos por financiar a las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Artículo 19, que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera “opositoras y golpistas“.
El mandatario confirmó el pasado viernes en su rueda de prensa matutina que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió la nota diplomática el jueves a la Embajada de Estados Unidos, apenas unas horas antes de su reunión virtual de este viernes con la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris.
“Es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía, entonces por eso estamos pidiendo que nos aclaren por qué un Gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país, la Constitución nuestra lo prohíbe”, declaró.
La queja ocurre tras divulgarse el jueves, en su conferencia diaria, un reportaje de la revista Contralínea que documentó que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés) donó 25.7 millones de pesos (1.28 millones de dólares) a MCCI de 2018 a 2020.
El fundador de MCCI, que investiga casos de corrupción, es el empresario Claudio X. González, quien promovió la creación del movimiento Sí por México, que agrupa a organizaciones y partidos que se oponen a López Obrador.
El presidente exhibió este viernes presuntas facturas que demuestran que MCCI recibió 50 millones de pesos (2.5 millones de dólares) de USAID de 2018 a la fecha, además de 29.3 millones de pesos (1.46 millones de dólares) para Artículo 19, “una asociación que lo ataca”.
“No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la patria. Es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo”, sostuvo.
López Obrador calificó de “práctica equivocada” el financiamiento de grupos “opositores” por parte de Estados Unidos, pero descartó que ese país promoviese un golpe de Estado a pesar de insistir que las asociaciones son “golpistas”.
El mandatario aclaró que la nota diplomática es para pedir información sobre los recursos.
“Imagínense, dinero de la Embajada de Estados Unidos para pagar la propaganda en contra nuestra, ahí tendrían que aclarar a quién le han entregado ese dinero con transparencia, decir a dónde han destinado ese dinero”, manifestó.
Pese al escándalo, López Obrador reafirmó que “hay muy buena relación” con el Gobierno de Estados Unidos, tanto con el actual presidente Joe Biden, como con el expresidente Donald Trump (2017-2021).
El mandatario descartó abordar la queja con la vicepresidenta Harris, con quien se reunirá de forma virtual esta mañana para abordar la migración regional antes de su visita presencial a México el 8 de junio.
“No (tensa el encuentro) porque es otro tema, es otra agenda completamente distinta, esto es porque salió ayer aquí y nos llamó la atención, ya van dos veces que esta revista plantea cosas que yo no conocía, es una muy buena revista”, indicó.
Con información de Daniel Zovatto y EFE
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