Un memorandum firmado por el general John Kelly plantea movilizar 100 mil elementos de la Guardia Nacional a 11 estados sureños de EE.UU.
La administración de Donald Trump ha tomado como una cruzada el detener toda la migración ilegal a su país, a tal grado que incluso ha planteado el despliegue de miembros de la Guardia Nacional a la frontera con México para realizar labores propias de la patrulla fronteriza.
De acuerdo con un memorandum obtenido por Associated Press, el gobierno de Trump plantea la movilización de 100 mil miembros de la Guardia Nacional, los cuales serían desplegados en los 4 estados que tienen frontera con México -California, Arizona, Nuevo México y Texas-, sin embargo también se prevé una mayor presencia militar en los estados que tienen frontera con estos Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas y Louisiana.
En el memo, escrito por el general John Kelly, secretario de Seguridad Interior de EE.UU., los estados involucrados en la medida podrán decidir si movilizan o no a sus tropas, sin embargo esta sería la primera vez que se movilizan a tantos elementos de la Guardia Nacional para realizar labores de detención de migrantes, o que se incluyen estados que no se encuentran en la frontera.
El escrito, que tiene fecha del 25 de enero, establece “desempeñar las funciones de un funcionario de inmigración en relación con la investigación, detención y detención de extranjeros en los Estados Unidos”. También describe cómo las tropas serían activadas bajo un programa de asociación estado-federal revivido, y establece que el personal estaría autorizado a realizar búsquedas e identificar y detener a cualquier inmigrante no autorizado.
Si se implementa, el impacto podría ser significativo. Casi la mitad de los 11.1 millones de personas que residen en Estados Unidos sin autorización viven en los 11 estados, según estimaciones del Centro de Investigación Pew basadas en los datos del censo de 2014.
El uso de las tropas de la Guardia Nacional aumentaría en gran medida el número de inmigrantes en una de las órdenes ejecutivas de Trump el mes pasado, lo que amplió la definición de quién podría ser considerado un criminal y por lo tanto un objetivo potencial para la deportación. Ese orden también permite a los agentes de inmigración priorizar la remoción de cualquier persona que haya “cometido actos que constituyen un delito penal imputable”.
Bajo las reglas actuales, incluso si la propuesta se implementa, no habría deportaciones masivas inmediatas. Aquellos con órdenes de deportación existentes podrían ser devueltos a sus países de origen sin procedimientos judiciales adicionales. Pero las órdenes de deportación generalmente serían necesarias para la mayoría de los otros inmigrantes no autorizados.
Las tropas no serían nacionalizadas, quedando bajo control estatal.
Los portavoces de los gobernadores de Arizona, Utah, Nevada, California, Colorado, Oklahoma, Oregón y Nuevo México dijeron que no estaban al tanto de la propuesta, y se negaron a comentar o dijeron que era prematuro discutir si participarían. Los otros tres estados no respondieron inmediatamente a la AP.
La propuesta extendería el programa de alianzas federal-local que la administración del presidente Barack Obama comenzó a reducir en 2012 para abordar las quejas de que promovió el perfil racial.
El programa 287 (g), que Trump incluyó en su orden ejecutiva de inmigración, otorga a la policía local, los diputados del sheriff y los soldados estatales la autoridad para ayudar a la detección ilegal de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos como parte regular de sus funciones policiales.
El borrador de la nota también menciona otros elementos incluidos en la orden ejecutiva de Trump, incluida la contratación de otros 5 mil agentes fronterizos, que necesita financiamiento del Congreso, y su promesa de construir una muralla entre los Estados Unidos y México.
La orden firmada no mencionaba el posible uso de las tropas estatales de la Guardia Nacional.
Según el borrador del memorándum, el esfuerzo de militarización sería proactivo, específicamente capacitando a las tropas de la Guardia para llevar a cabo únicamente la aplicación de la ley de inmigración, no como una adición a la aplicación de la ley local en el programa.
Permitir que las tropas de la Guardia operen dentro de estados no fronterizos también iría mucho más allá de los despliegues pasados.
Además de responder a desastres naturales o causados por el hombre o para la protección militar de la población o infraestructura crítica, las fuerzas de la Guardia Estatal han sido utilizadas para ayudar con las tareas relacionadas con la inmigración en la frontera entre México y México, incluyendo la construcción de vallas.
La semana pasada, los oficiales de ICE arrestaron a más de 680 personas en todo el país en lo que Kelly dijo que eran operaciones rutinarias y específicas.
Niega la Casa Blanca movilizar a la Guardia Nacional
El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, así como una vocera del Departamento de Seguridad Interior (DHS), desmintieron la versión de la agencia de noticias Associated Press sobre un posible despliegue de 100 mil elementos de la Guardia Nacional para realizar rondines en la frontera y detener a migrantes ilegales.
La vocera del DHS negó a NBC News la veracidad de dicho memo y añadió que “la historia de AP sobre la Guardia Nacional es incorrecta. No es verdadera”.
Añadió que posteriormente informarán como será implementada la orden ejecutiva firmada por Trump el mes pasado.
En el mismo sentido respondió Sean Spicer, quien dijo a los reporteros que la información “es 100 por ciento falsa”.
Al dar a conocer su reportaje, AP pidió conocer la versión de la administración de Donald Trump, sin embargo no obtuvieron respuesta.
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