Elon Musk actual líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental, tiene autoridad para supervisar el gasto de las agencias federales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que otorga mayor autoridad al magnate Elon Musk como líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para supervisar más de cerca el gasto de las agencias federales.
La medida, en la práctica, expande el poder de Musk para intervenir en la Administración pública a través de su labor en DOGE y obliga a las agencias a colaborar con él.
En concreto, el texto instruye a las agencias a colaborar con el equipo de DOGE para revisar contratos y subvenciones, con el objetivo de reducir, modificar o incluso cancelarlos, según el texto de la orden.
El proceso para modificar o anular contratos ya vigentes comenzará “de inmediato” y se dará prioridad a aquellos vinculados a “instituciones educativas y entidades extranjeras en casos de despilfarro, fraude y abuso”, de acuerdo con la orden.
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Asimismo, se exige a las agencias que establezcan un sistema para “registrar cada pago” relacionado con contratos y subvenciones, además de proporcionar una “breve justificación por escrito” para cada uno, algo que ya es una práctica habitual en varios departamentos.
La orden ejecutiva se produce tras la primera reunión de Gabinete de Trump, en la que Musk, pese a no ser miembro, tuvo un papel destacado exponiendo sus esfuerzos en DOGE para reducir la burocracia y combatir lo que calificó de “fraude”, aunque no aportó pruebas al respecto.
La orden aumenta aún más el poder que Musk ha adquirido dentro de la Administración, lo que ha suscitado el rechazo de empleados públicos, sindicatos y la oposición demócrata, que denuncian control del magnate sobre las actividades y falta de transparencia.
Hasta ahora, Musk ha tomado decisiones drásticas, como el desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), la congelación de la ayuda humanitaria de Estados Unidos y la oferta de indemnizaciones a empleados públicos para incentivar su renuncia, bajo la amenaza de despidos forzosos para quienes no las aceptaran.
Con información de EFE.
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