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El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó hasta el próximo 31 de marzo dos decretos que suspenden la entrada en el país de muchos solicitantes de residencia permanente y otros trabajadores temporales, pese a la oposición de numerosas empresas de la nación.

Las medidas que renovó Trump caducaban este jueves y el mandatario las emitió en abril y en junio, con el argumento de que la destrucción de empleos provocada por la crisis del COVID-19 ameritaba nuevas restricciones migratorias.

“Los efectos del COVID-19 en el mercado laboral de los Estados Unidos y en la salud de las comunicades estadounidenses son asuntos que siguen siendo preocupantes”, escribió Trump en una proclamación presidencial en la que ordenó prorrogar ambos vetos hasta el 31 de marzo.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tendrá el poder de eliminar esos vetos una vez que llegue al poder el 20 de enero, pero no ha aclarado si lo hará.

El primero de los vetos, emitido en abril, suspendía la emisión en el extranjero de permisos de residencia permanente, conocidos como “green cards” o “tarjetas verdes”.

El principal impacto de ese veto ha sido el de impedir la reunificación familiar de los ciudadanos estadounidenses de origen extranjero o residentes permanentes en el país.

Bajo el veto, tan solo los esposos extranjeros de ciudadanos estadounidenses o sus hijos menores de 21 años pueden acceder a un permiso de residencia permanente, lo que excluye a progenitores, hermanos o hijos de otra edad; además de a los cónyuges o hijos de residentes permanentes.

El segundo veto, emitido en junio, iba más allá y congelaba la emisión de nuevos visados de los tipos H-1B, diseñados para ciertos trabajadores cualificados, como los empleados en la industria tecnológica; el H-4, que son para las parejas de estos empleados; así como visados L-1, que están destinados a directivos que trabajan para grandes corporaciones.

La prohibición también afecta a los permisos de empleo H-2B, para trabajadores de los sectores hoteleros y de construcción, y los J-1, que son para investigadores y profesores de investigación y otros programas de intercambio de trabajo, como las becas o las niñeras.

Numerosas empresas han denunciado que ese veto puede ralentizar la recuperación de la economía del país, pero Trump mantiene que es necesario para asegurar que los empleos existentes van a parar a estadounidenses.

El índice general de desempleo en Estados Unidos es muy inferior ahora al 14 por ciento que alcanzó cuando Trump emitió el primer veto, en abril, y en noviembre se situó en el 6.7.

Con información de EFE