El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña determinó este miércoles que Quim Torra, presidente de dicha comunidad, deberá ir nuevamente a juicio
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) determinó este miércoles que Quim Torra, presidente de Cataluña, deberá ir nuevamente a juicio por no retirar del Palau de la Generalitat las pancartas a favor de los presos políticos del “procés” catalán.
De acuerdo con el diario El País, la sala contenciosa del TSJC ha acordado remitir a la vía penal a Torra. En esta ocasión las acusaciones hacen referencia a las pancartas colocadas antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.
La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) destacó que el ejecutivo hizo caso omiso a la solicitud del TSJC de retirar personalmente una pancarta en septiembre, por lo que debió ser retirada por la policía.
La solicitud se realizó a petición de la asociación Impulso Ciudadano, que presentó un recurso para solicitar el mantenimiento de la neutralidad del Palau de la Generalitat también fuera del periodo electoral.
De acuerdo con el CCMA, el Tribunal resolvió llamar a Torra ante la sala penal por no haber retirado la pancarta en las 48 horas de plazo que tuvo para ello, lo que fue celebrada por Impulso Ciudadano.
La asociación emitió un tuit donde menciona que “el recurso interpuesto por Impulso Ciudadano llevó al TSJC a instar a que se investigue de nuevo a Torra por no retirar símbolos independentistas”, atribuyéndose la acción penal.
Tras la declaración del Tribunal, Torra comunicó en un tuit que el TSJC debería prestar atención también al informe de Amnistía Internacional e “instar al Tribunal Supremo la inmediata puesta en libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez y pedir la nulidad de la sentencia por sedición”.
Este es el segundo juicio que enfrenta Torra por apoyar a líderes independentistas a través de pancartas y símbolos de la causa. El primero de ellos tuvo lugar el 18 de noviembre por desobedecer a la Junta Electoral en un episodio similar el 28 de abril.
Durante el juicio, el catalán se declaró culpable de los cargos por lo que se le sentenció a un año y ocho meses de inhabilitación para cualquier cargo público y se le impuso una multa de 30 mil euros. Sin embargo, Vox solicitó una sanción de 72 mil euros y la inhabilitación por dos años, según reporta el medio español RTVE.
En caso de proceder con la inhabilitación, el vicepresidente de Cataluña, Pere Aragonès deberá asumir el cargo del ejecutivo y tendría diez días para que el parlamento defina quién sería el nuevo presidente de la Generalidad, según lo establecido por la ley.
En caso de que el legislativo no llegara a un acuerdo en un plazo de dos meses, tendría que disolverse el parlamento y convocar a nuevas elecciones.
Con información de Notimex
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