El tribunal advirtió que la permanencia de Cataluña en el Estado no podría ser decidida solo por la región, sino por todos los españoles
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró este martes la inconstitucionalidad y nulidad de la ley del referéndum aprobada por el Parlamento catalán el pasado 6 de septiembre, misma que fue suspendida de manera cautelar por el propio TC el 7 del mismo mes.
La sentencia del TC sostiene que durante la tramitación parlamentaria de la ley se incurrió “en muy graves quiebras del procedimiento legislativo que afectaron a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes”.
El Tribunal afirma que “la norma invade competencias estatales en materia de consultas de carácter referendario y vulnera, entre otros principios constitucionales, la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española”.
“Un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”, indica el texto.
El Tribunal aclaró que sobre la invasión de competencias, el Estado tiene competencia exclusiva en “el instituto del referéndum”, en cualquier “modalidad o ámbito territorial”.
Este tipo de referéndum, que contempla la “redefinición de la identidad y unidad del sujeto titular de la soberanía”, solo puede ser encausado mediante reforma constitucional.
El TC declaró que la ley del referéndum catalán es “con toda evidencia, inconstitucional” porque atenta contra los “principios esenciales” del ordenamiento constitucional español como: la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de Derecho, y la propia supremacía de la Constitución.
La sentencia recuerda que el Parlamento catalán también esta sujeta a la supremacía expuesta.
El tribunal advirtió que la permanencia de Cataluña en el Estado no podría ser decidida solo por la región, sino por todos los ciudadanos de España.
“Lo contrario entrañaría, con la ruptura de la unidad de la ciudadanía, la quiebra, en términos jurídico-constitucionales, de la Nación de todos”.
Con información de El País
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