Brian Jones dijo que esa ley prohíbe a las agencias del orden local, de condados y del estado a colaborar con oficiales de migración
El senador estatal republicano Brian Jones presentó este viernes a la comunidad de San Diego (California) un proyecto de ley que busca acabar con la política de “santuario” para migrantes del estado.
Si es aprobada, la iniciativa cancelaría la ley SB54, aprobada en 2017 durante la primera administración del presidente Donald Trump, para la protección de migrantes no autorizados.
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Jones dijo en una rueda de prensa que esa ley, que básicamente prohíbe a las agencias del orden local, de condados y del estado a colaborar con oficiales de migración, debe someterse a revisión, con intención de cancelarla.
A la presentación del proyecto también acudieron grupos civiles a favor de la inmigración.
La SB54 “es resultado de por lo menos tres décadas de luchas en favor de la comunidad y la unidad de nuestras familias”, dijo el dirigente sindicalista Christian Ramírez.
El activista advirtió que quienes criminalizan a los trabajadores inmigrantes deberían prepararse para cosechar sus propios alimentos y asumir su propio mantenimiento.
“Son tiempos difíciles y vamos a tener que apoyarnos en la ley y en la protección de nuestros derechos”, comentó Ramírez, quien agregó que hay legisladores conservadores como Jones que lo saben y es por eso que intentan socavar leyes como la SB54.
Pedro Ríos, director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, dijo que espera que la idea del senador Jones se quede en solo un intento.
“Es un largo camino cuesta arriba el que tendrían que recorrer para anular la ley; no tienen los votos que necesitan”, agregó Ríos, “y no creo que criminalizando a la gente los vayan a tener”, concluyó.
El senador Jones, a quien acompañaron varios jefes de policía y el alguacil del sur de California, dijo que la mencionada ley estatal “protege a pedófilos y delincuentes sexuales, entre otros”.
La directora de la Universidad Popular de San Marcos, Arcela Núñez, dijo que la comunidad “se siente amenazada porque son madres y padres de familia, trabajadores a quienes ahora están criminalizando, cuando en realidad tienen derechos que se deben respetar”.
La académica urgió a las personas a que se asesoren con abogados de migración, individualmente y en grupo.
Con información de EFE.
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