La oposición llamó a un paro como protesta por la detención de personas durante manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega
Un paro nacional congeló parcialmente las actividades este jueves en Nicaragua, atendiendo un llamado de la oposición para reclamar la liberación de los detenidos en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que amenazó al sector privado con represalias.
En las principales calles de Managua y otras ciudades de Nicaragua como León y Chinandega, se observaron patrullajes policiales y escaso movimiento de personas y vehículos.
Hacia la tarde, el reporte en ciudades del interior y la capital es de una “sumatoria masiva” al paro, pues aunque hubo negocios que abrieron tuvieron poca afluencia de clientes, dijo el líder estudiantil Max Jérez.
“El paro es un éxito” porque a diferencia de los tres realizados en 2018, se hace en medio de una crisis económica que golpea a todos los sectores y de intimidación a empresarios, señaló Jérez.
En el popular Mercado Oriental de Managua, donde operan más de 20 mil negocios, la mayoría se mantuvieron cerrados, aunque muchos vendedores ambulantes, verduleros y pequeños talleres y tiendas de servicios abrieron sus puertas.
“Si uno no trabaja no come”, dijo Harold Chavarría, un mecánico que repara llantas viejas, y que no adhirió al cese de actividades, como había hecho en varias ocasiones el año pasado.
Algunos de los que fueron a trabajar, según contaron, lo hicieron por la crisis económica que agobia al país, y no por apoyo al gobierno.
“La gente ya no quiere este gobierno”, dijo Juan González, conductor de un taxi, quien como otros colegas pasó horas manejando por la ciudad en busca de pasajeros.
Socorro Arteaga vendía rosquillas en el mercado Roberto Huembes. No pudo sumarse a la medida: “Tenemos muchas deudas, estamos de acuerdo con el paro, pero no podemos participar”, explicó apenada.
“La solución a la crisis es un cambio de gobierno”, sentenció. Junto a ella, un zapatero se disponía a trabajar.
Más de 400 mil personas perdieron sus trabajos el año pasado por la crisis ante la inestabilidad política, y cerca de 100 mil podrían quedar desempleadas este año, según la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
El cese de actividades dejaría pérdidas económicas entre 15 a 20 millones de dólares, según el economista Juan Sebastián Chamorro, miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
Amenazas
La huelga de 24 horas fue convocada por la alianza opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) con el apoyo de las cámaras empresariales, para exigir la liberación de cientos de encarcelados por participar en protestas antigubernamentales, ante la indignación por la muerte del opositor Eddy Montes durante un disturbio carcelario la semana pasada.
“La demanda de liberar a los presos políticos es justa”, dijo Rosa, una vendedora ambulante de pan y refrescos que, pese a su opinión, salió a trabajar este jueves.
El paro tuvo el apoyo de las grandes y medianas empresas, mientras que los pequeños negocios como talleres, servicios de autolavado, pulperías permanecían abiertos, aunque con ambiente similar a un feriado.
Los colegios y universidades privadas se sumaron, pero las escuelas públicas estuvieron abiertas.
“Los profesores amenazaron (a los alumnos) con quitarles puntos si no iban” a la escuela por el paro, dijo un hombre de la comunidad escolar que pidió no ser identificado.
También trabajaron las oficinas públicas, así como los bancos, luego de que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), controlada por el oficialismo, amenazara con quitarles la licencia.
La ausencia de clientes dentro de algún banco era notoria y el personal fue enviado a casa antes de la hora de cierre, dijo un vigilante que prefirió el anonimato.
El Ministerio del Trabajo indicó previamente que si una empresa decidía paralizar su actividad, debía mantener los derechos salariales y otros beneficios de los trabajadores.
Promesas y desconfianza
El miércoles el gobierno había tratado de frenar la medida opositora al proponer un plan en el cual se compromete a liberar, sin cargos judiciales, a todos los opositores presos “a más tardar el 18 de junio”, incluyendo a quienes están fuera del país y tienen procesos judiciales pendientes.
En esa fecha vence el plazo de 90 días en que el gobierno prometió sacar a los opositores de las cárceles en el marco del diálogo que inició en febrero con la oposición, y que ha cumplido a medias con el pase de 336 detenidos a prisión domiciliaria.
Desconfiados de la oferta, los opositores insistieron en el cuarto paro nacional desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas.
La ACJD condicionó la reanudación de las negociaciones con el gobierno a la liberación de todos los detenidos.
La crisis que vive Nicaragua desde 2018 ha dejado 325 muertos, unos 800 detenidos y 62 mil exiliados, según organismos de derechos humanos.
Con información de AFP
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