Un tribunal de apelaciones de EE.UU. dictaminó que Trump no tenía derecho legal para imponer aranceles a decenas de países
La noticia internacional más relevante de este fin de semana es la decisión de la Justicia de Estados Unidos de declarar ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump al resto del mundo.
Un tribunal de apelaciones estadounidense resolvió el viernes 29 de agosto que dichos gravámenes —basados en leyes de emergencia como la IEEPA— fueron inconstitucionales por exceder la autoridad presidencial, confirmando que el Congreso nunca autorizó al Ejecutivo a imponer aranceles de esa magnitud.
En una votación ajustada de 7 contra 4, la corte determinó que medidas como los aranceles a China, México, Canadá y otros países carecían de sustento legal, y enfatizó que invocaciones como la seguridad nacional o la crisis del fentanilo no justificaban un alcance de aranceles tan amplio.
Según el fallo mayoritario: “Las leyes conceden una autoridad significativa al presidente para adoptar una serie de acciones como respuesta a una declaración de emergencia nacional, pero ninguna de esas acciones incluye explícitamente la imposición de aranceles o impuestos”.
Con esta decisión, el tribunal ratifica el dictamen emitido en mayo por el Tribunal de Comercio de Estados Unidos, que ya había concluido que Trump no debió recurrir a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IIEPA, de 1977) para imponer tasas aduaneras, pues esa competencia corresponde al Congreso. Dicho pronunciamiento respondía a una demanda presentada por un grupo de Estados gobernados por demócratas junto con empresarios perjudicados por los gravámenes.
La resolución, sin embargo, no afecta a los aranceles sectoriales sobre automóviles, aluminio o acero, aplicados bajo otra normativa, que seguirán vigentes al margen de lo que decida el Supremo en este caso. Además, pese al fallo, los gravámenes cuestionados continuarán aplicándose hasta el 14 de octubre, ya que la corte concedió un aplazamiento para que la Administración presente recurso ante la instancia máxima.
El dictamen supone un nuevo golpe jurídico a la ambiciosa agenda arancelaria de Trump y refuerza la vigilancia judicial sobre el uso expansivo de los poderes presidenciales en materia económica.
Mientras tanto, empresas, economistas y analistas financieros advierten que esta decisión desata una ola de incertidumbre sin precedentes: ni los tribunales ni los mercados logran prever si los aranceles se mantendrán, cuánto podría costar su eventual devolución —el gobierno ha recaudado unos 159.000 millones de dólares—, o cómo impactará todo esto en las negociaciones comerciales y en los ingresos fiscales.
Con el escenario legal abierto y un recurso inevitable hacia el Tribunal Supremo, el panorama comercial y jurídico queda marcado por la máxima incertidumbre, inestabilidad e imprevisibilidad.
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