Por decreto, el próximo Gobierno de Estados Unidos proporcionaría protección de deportación y permisos de trabajo a 3.5 millones de migrantes indocumentados
El próximo Gobierno de Estados Unidos podría dar por decreto protección de deportación y permisos de trabajo a unos 3.5 millones de migrantes indocumentados, según un estudio divulgado este martes por la Red Legal Católica de Inmigración (CLINIC, en inglés).
Estados Unidos tendrá su elección presidencial el 3 de noviembre y el nuevo Gobierno se instalará en enero de 2021 después del inicio de las sesiones del Congreso en el cual el Partido Demócrata ya tiene mayoría en la cámara baja y podría obtenerla en el Senado.
Las encuestas indican, de manera sostenida, que el presidente Donald Trump encara, cuando menos, una senda difícil hacia la reelección tras una gestión marcada por una política migratoria que ha separado familias, ha deportado a decenas de miles de personas, y ha cerrado la frontera sur para quienes busquen asilo en Estados Unidos.
“El próximo Gobierno tiene la capacidad para revertir el uso que el Gobierno de Trump ha hecho de la autoridad ejecutiva para desmantelar las protecciones para los inmigrantes indocumentados”, señaló el informe.
Para ello, un Gobierno futuro podría decretar DACA y un status de protección temporaria (TPS, en inglés) y podría ampliar rápidamente la autorización de trabajo de hasta 3.5 millones de personas sin necesidad de una acción legislativa en el Congreso.
La continuación del TPS actual y la inclusión de más países cuyos ciudadanos puedan amparase en ese beneficio beneficiaría a 2.16 millones de personas, incluidos 750 mil salvadoreños, 600 mil guatemaltecos, 400 mil hondureños y 200 mil venezolanos, según calculó CLINIC.
Otros 1.32 millones de personas se beneficiarían con el restablecimiento de DACA, que Trump dio por terminado en un decreto de 2017, y la expansión de ese programa que ampara a personas que eran menores de edad cuando fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos.
El destino de DACA ha vuelto a quedar en la incertidumbre después que el Tribunal Supremo de Justicia desechó como “arbitraria y caprichosa” la decisión de Trump añadiendo que el gobierno no había presentado argumentos que justificaran la terminación del programa.
Con información de EFE
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