Miguel Ángel Pech Cen indicó que el proceso puede alargarse, pues Roberto Borge rechazó la extradición voluntaria
Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, podría ser extraditado de Panamá a México entre diciembre y enero, informó Miguel Ángel Pech Cen, fiscal General del Estado (FGE).
En entrevista para Grupo Fórmula, Pech Cen indicó que el proceso puede alargarse, pues el exgobernador rechazó la extradición voluntaria.
“Los juristas estipulan que nos vamos a tardar entre diciembre y enero aproximadamente, de acuerdo con los plazos que existen dentro de un proceso de extradición, que obviamente estos plazos se agotan en el hecho mismo de que el inculpado acepte la extradición voluntaria, que en este caso ha sido rechazada”, señaló.
El funcionario estatal detalló que además de la solicitud de extradición que inició la Procuraduría General de la República (PGR), la FGE envió las órdenes de aprehensión que fueron libradas por distintos delitos por jueces de control de Chetumal.
“Esta Fiscalía de Quintana Roo adicionó en este parte, hizo un grosor de diferentes carpetas administrativas donde los jueces de control de la ciudad de Chetumal habían librado diferentes órdenes de aprehensión por diferentes delitos”, dijo Pech Cen.
Agregó que las órdenes “tienen que ver con actividades de que tiene el sentido de autorización de terrenos de inmuebles de una valía, vamos a decir exagerada, a precios mínimos; otro tiene que ver en un servicio o un uso desmedido de servicios aéreos que en realidad fueron facturados y no fueron acreditados y otros que tienen que ver con el desempeño irregular de la función pública”.
El jueves pasado, el Gobierno de México presentó, por los conductos diplomáticos correspondientes, la solicitud formal de extradición del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
Dicha petición corresponde a cuatro causas penales: la primera del fuero federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y las tres restantes por causas del fuero común, por peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.
Con información de Milenio
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