El presidente de Chile, Sebastián Piñera, entregó el miércoles por escrito su defensa ante la acusación constitucional presentada en su contra
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, entregó el miércoles por escrito su defensa ante la acusación constitucional presentada en su contra por la oposición, que cuestiona su papel durante el estado de excepción y las denuncias de violación a los derechos humanos durante las protestas en el país.
En su defensa, entregada por su abogado Juan Domingo Acosta a la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados, Piñera plantea que la acusación en su contra no es admisible al no cumplir con los requisitos mínimos: “ser de carácter excepcional” y que sea deducida por actos de administración del presidente.
La acusación en su contra también vulnera gravemente el debido proceso, argumenta, por fundarse en hechos que aún no han sido acreditados y por realizar imputaciones imprecisas, además de que es un abuso del derecho, porque pretende revisar el mérito de la declaración del estado de emergencia.
Piñera considera que la acusación no formula ninguna imputación en su contra basada en actos materializados por él. Por el contrario, los acusadores se basan en una supuesta omisión que consiste en haber “consentido” a graves vulneraciones a los derechos humanos durante las protestas que iniciaron a mediados de octubre pasado en Chile.
La declaración del estado de emergencia, así como la suspensión de las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y del Clima COP25 no constituyen una infracción a la Constitución y las leyes de Chile.
La cancelación de las dos cumbres no tuvieron un efecto negativo en el honor de la nación, explica, pues la medida estaba plenamente justificada, al considerar la necesidad de restaurar el orden público, además de que recibió el apoyo total de diversas autoridades nacionales e internacionales.
Por otra parte, el gobernante expone en el escrito que “tampoco se cumplen los requisitos para acusar constitucionalmente al presidente porque se invocan hechos de terceros que todavía están siendo investigados, y no actos de su administración”.
“La acusación no entrega antecedentes suficientes que permitan dar por acreditadas violaciones a los derechos humanos ni tampoco permite distinguir las circunstancias en que cada uno de ellos ocurrieron”, refiere.
Además, asegura que no existieron omisiones, ya que desplegó todos los medios que se encontraban dentro de la esfera de sus atribuciones para prevenir cualquier violación a los derechos humanos y cumplir cabalmente con todas las obligaciones internacionales y nacionales en la materia.
Con información de Notimex
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