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Foto de EFE

El capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Acción Ciudadana, presentó este viernes una solicitud de desafuero en contra del presidente del país, Jimmy Morales, por la compra de dos aviones militares a la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), de capital estatal.

En el Juzgado Pluripersonal de Paz Penal, donde se entregó la solicitud de antejuicio, Edie Cux, de Acción Ciudadana, explicó a los medios de comunicación que el objetivo es que se realice una investigación por haber utilizado unos acuerdos de 1980, cuando no había entrado en vigencia ni la Constitución, para fraguar “posiblemente un fraude de ley”.

La solicitud de desafuero fue presentada en contra de Morales, que concretó la compra durante una visita oficial que realizó esta semana a Argentina, y el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, por “fraude al intervenir en el proceso de adquisición y compra de aeronaves Pampa III“.

La Presidencia argentina aseguró que las aeronaves adquiridas, que serán entregadas en los próximos meses, serán utilizadas para el entrenamiento de pilotos y el control de fronteras con Nicaragua, y añadió que la operación se cerró por un monto total de 28 millones de dólares, incluyendo los servicios de entrenamiento de pilotos y mantenimiento.

Estos dos aviones Pampa III, cuya negociación se viene fraguando desde enero, se convierten en la primera exportación de este tipo de aeronaves de reconocimiento que realiza Argentina.

El Pampa III, “versátil, moderno y económico”, es un avión de entrenamiento básico-avanzado que es usado por los cadetes de la Fuerza Aérea Argentina para aprender a volar, pero cumple también una destacada función para controlar y custodiar fronteras.

En Guatemala esta compra ha causado mucha polémica, pues el Gobierno la negó desde un principio e incluso el propio vicepresidente, Jafeth Cabrera, la volvió a rechazar este viernes, a pesar de que el presidente Morales se mostró muy entusiasmado con una operación que tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el narcotráfico y defender la soberanía nacional.

El mismo Ministerio de Finanzas reconoció este viernes ante las preguntas de un grupo de diputados opositores, que denunciaron que se realiza sin cumplir con la legislación local, que actualmente no hay espacio presupuestario para la misma, a pesar de que se cerró por un valor de 28 millones de dólares.

Con información de EFE