Las organizaciones de la sociedad civil CEJIL, American Civil Liberties Union (ACLU), Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG) y Alianza Américas participaron esta semana en la 167 sesión anual de la CIDH que se desarrolló en Bogotá
Organizaciones civiles internacionales instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedir a Estados Unidos que reconsidere su decisión frente al Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Acción Diferida para la Infancia (DACA), hasta que el Congreso apruebe la legislación.
Organizaciones civiles pidieron aplicar la legislación y hacer cumplir la ley “de una manera que garantice la vida familiar, el debido proceso y en la que se proteja el interés superior de los niños; y emprender todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole necesarias para garantizar que los derechos civiles, sociales, económicos y culturales se garanticen sin discriminación”.
La CIDH realizó una audiencia pública sobre la política migratoria del gobierno de Estados Unidos y en particular el impacto que la cancelación del TPS y DACA tendrán en los derechos humanos de los beneficiarios de dichos programas.
Así culminan las #CIDHAudiencias de nuestro 167 Período de Sesiones pic.twitter.com/j5g4wL0eqK
— CIDH (@CIDH) 2 de marzo de 2018
Las organizaciones de la sociedad civil CEJIL, American Civil Liberties Union (ACLU), Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG) y Alianza Américas participaron esta semana en la 167 sesión anual de la CIDH que se desarrolló en Bogotá.
Las voces de los delegados de las organizaciones civiles y de la CIDH exigieron a los representantes del Departamento de Estado, presentes en la audiencia pública, respetar los derechos fundamentales de los migrantes y sus familias, como lo establece el ordenamiento jurídico internacional.
“Toda política migratoria que adopte Estados Unidos debe respetar los derechos humanos y si el gobierno alega asuntos de seguridad nacional o de tipo doméstico tiene la obligación de justificar de una manera amplia cómo va a proteger los derechos fundamentales”, explicó a Notimex Francisco Quintana, directivo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Los delegados del Departamento de Estado justificaron la decisión del gobierno de Trump para cancelar o restringir el TPS y DACA, con el argumento de ser un problema de seguridad nacional y un asunto estrictamente doméstico en Estados Unidos.
Para Quintana, la conclusión (tras escuchar a los delegados de Estados Unidos) es lograr que se respeten los derechos de los beneficiarios de estos dos programas, no va a ser gratis y va a requerir de una lucha permanente de las organizaciones civiles y continuar con las demandas en el Congreso y en los tribunales de justicia.
“Nos toca seguir en la lucha y hacer demandas en el Congreso de Estados Unidos contra el presidente Trump, pero también necesitamos la presión de la comunidad internacional”, subrayó el defensor de los derechos humanos.
Los representantes del Departamento de Estado se abstuvieron de responder a los objetivos de la audiencia, en el sentido en que el gobierno de Estados Unidos, explicara cómo iban a garantizar que no se violen los derechos fundamentales de la población beneficiaria del TPS y DACA.
Desde 1991, más de 400 mil personas han recibido el TPS, un beneficio provisional que permite que las personas de ciertos países que ya se encuentran dentro de Estados Unidos vivan y trabajen legalmente.
La mayoría de los titulares del TPS son de América Central y el Caribe, muchos de los cuales se convirtieron en beneficiarios de este programa, después de que se encontraran en Estados Unidos y que sus países de origen hubieran sido afectados por desastres naturales.
En el caso de DACA, más de 800 mil jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños han recibido protección temporal en contra de la deportación y un permiso de trabajo desde el 15 de junio de 2012, cuando el programa fue anunciado por el gobierno de Barack Obama.
Sin embargo, desde noviembre de 2017, 195 mil salvadoreños, 50 mil haitianos y dos mil 500 nicaragüenses se han enfrentado a la revocación de su estatus de TPS por parte de la administración actual, de acuerdo con las cifras de las organizaciones civiles. Además, una decisión sobre los 61 mil beneficiarios hondureños sigue pendiente.
En cuanto al programa de la DACA, “durante la semana del 12 de febrero, ninguna de las propuestas legislativas, algunas de ellas que ofrecían un camino hacia la ciudadanía para los jóvenes, recibió suficientes votos para ser aprobada por el Senado estadunidense. Hasta el momento, no hay un camino claro para una futura aprobación de estas propuestas”.
“Creemos que se deben buscar soluciones permanentes, y no hacer que toda esta población pueda planificar su vida por 18 meses o dos años, y es por eso que nosotros solicitamos que la CIDH monitoree la situación y lo haga público para que el gobierno de Estados Unidos entienda que debe garantizar los derechos de las familias y sus niños”, subrayó Quintana.
Cuestionó que las negociaciones sobre estos dos asuntos en el Congreso giren en torno a intereses políticos de republicanos y demócratas y “no se centre en lo esencial que es el respeto a los derechos humanos bajo los principios fundamentales de una democracia”.
La sociedad y el propio Estado estadunidense “se ha basado desde su fundación, en el respeto al estado de derecho y principios democráticos, lo que estamos viendo son retrocesos de décadas en la situación de esta población (migrante)”.
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