Perú: una elección abierta, fragmentada y peligrosamente incierta

Por Daniel Zovatto, director y editor de Radar LATAM 360

A sólo una semana de las elecciones generales peruanas —congresuales y presidenciales—, el panorama peruano no ofrece señales de claridad sino, por el contrario, de creciente complejidad.

Los últimos datos de la encuesta Datum-El Comercio, levantados entre el 1 y el 4 de abril tras los debates, dados a conocer este domingo, no ordenan la competencia: la confirman como una contienda abierta, extraordinariamente fragmentada y marcada por una incertidumbre que sigue siendo alta pese a la reducción de los indecisos.

Perú llega así al tramo final de la campaña sin un favorito indiscutido, con diferencias mínimas entre los principales contendientes y con una probabilidad casi segura de una segunda vuelta presidencial tan disputada como frágil.

Los números son elocuentes.

En el simulacro de votación, Keiko Fujimori aparece en primer lugar con 18.1% de los votos válidos, seguida a distancia por Carlos Álvarez, con 10.9%, y Rafael López Aliaga, con 10.3%.

Pero cuando se observa la intención de voto, la ventaja se reduce y la competencia se vuelve todavía más apretada: Fujimori registra 14.7%, mientras Álvarez alcanza 10.9% y López Aliaga 9%, en un escenario de empate técnico.

Más revelador aún es que detrás de ellos se agrupa un pelotón de al menos cinco candidatos adicionales, todos moviéndose en una franja estrecha de entre 4.5% y 6%.

En otras palabras, no estamos ante una elección dominada por dos o tres nombres, sino frente a un mercado electoral híper fragmentado, con al menos ocho aspirantes que, en distintas magnitudes, mantienen opciones reales de disputar el pase a la segunda vuelta.

Sin embargo, el dato más interesante no está solamente en quién encabeza, sino en cómo se comporta el electorado.

Los datos de Datum permiten una lectura más fina. Por un lado, muestran que la masa de indecisos se ha reducido con fuerza: el agregado de quienes no sabían, pensaban votar en blanco o viciado, o no tenían preferencia, cayó de manera significativa en los últimos meses. Por otro, revelan que el porcentaje de electores que afirma tener ya decidido su voto y no cambiarlo ha aumentado de forma muy marcada. Esto indica que la elección está entrando en una fase avanzada de cierre. Pero conviene no confundir cierre con certidumbre.

En una elección tan atomizada como esta, un electorado más decidido no implica necesariamente un resultado más claro. Lo que se reduce es la volatilidad gruesa; lo que permanece intacto es la dispersión.

Y aun así, persiste una importante bolsa de voto blando. Alrededor del 38% del electorado —aproximadamente 10.5 millones de electores— a solo 7 días de la elección, aún no está completamente decidido en relación con su voto: un 9% dice que todavía evalúa opciones, un 27% admite que no ha pensado nada y un 2% no sabe. Ese bloque es mucho menor que hace algunas semanas, pero sigue siendo decisivo en una contienda donde las diferencias entre el segundo, el tercero, el cuarto y hasta el quinto lugar son muy estrechas. En un escenario de esta naturaleza, pequeños movimientos de última hora pueden alterar de manera decisiva el orden de llegada y definir quiénes pasan a la segunda vuelta.

Este cuadro no solo describe una elección abierta; expone una vez más la profundidad de la crisis estructural del sistema político peruano.

La fragmentación extrema no es un accidente coyuntural ni un mero efecto de campaña: es la manifestación más visible de un sistema de partidos colapsado, incapaz de ordenar la competencia, canalizar demandas ciudadanas, construir liderazgos sólidos o producir ofertas programáticas consistentes.

La existencia de 35 candidaturas presidenciales es, por sí sola, una prueba de ese deterioro. Muchas de esas postulaciones carecen de estructura nacional, de cohesión interna o de un proyecto de gobierno mínimamente articulado. Lo que debería ser una competencia democrática ordenada ha terminado convirtiéndose en una disputa caótica y desestructurada.

A ello se suma un segundo factor igualmente relevante: la naturaleza particularmente volátil del comportamiento electoral peruano. En un país con voto obligatorio y niveles de participación que suelen superar el 80%, la capacidad de movilizar electores de último momento es crucial. Una parte importante de la ciudadanía sigue tomando decisiones tarde, muchas veces sin anclajes partidarios estables y bajo el impacto inmediato de percepciones coyunturales, emociones o rechazos más que de convicciones programáticas.

Por eso, las encuestas retratan tendencias, pero no capturan plenamente la plasticidad del voto en los días finales. En este contexto, cualquier pronóstico tajante no solo sería imprudente: sería analíticamente deficiente.

Los debates, lejos de corregir esta situación, han tenido un efecto limitado. No han servido para ordenar la oferta ni para clarificar diferencias programáticas sustantivas. Han predominado más bien los ataques cruzados, las maniobras tácticas, las estrategias defensivas y, en algunos casos, los intentos fallidos de entendimientos implícitos entre candidatos que compiten por electorados próximos. El intercambio entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga ilustra bien esa lógica: incluso allí donde parecía asomarse una tregua táctica, terminó imponiéndose la desconfianza y la competencia feroz. No hubo pedagogía democrática ni deliberación de fondo; hubo cálculo, tensión y supervivencia.

La conclusión más rigurosa, a mi juicio, es clara. Perú no enfrenta una elección resuelta, sino una elección en proceso de cierre, pero todavía profundamente incierta. La indecisión dura cayó, el voto de protesta explícito se redujo y la autopercepción de voto firme subió de manera considerable. Pero justamente por eso, el análisis ya no debe concentrarse solo en el tamaño de los indecisos, sino en la arquitectura del voto decidido: cuán concentrado o cuán disperso está. Y hoy ese voto aparece menos líquido, sí, pero no más ordenado. El mercado electoral se ha compactado, pero no se ha estructurado. Esa diferencia es central.

El parecido con la elección de 2021 resulta inquietante. Perú vuelve a acercarse a una primera vuelta con una oferta sobrefragmentada, con candidatos débiles, con apoyos limitados y con una alta probabilidad de que la segunda vuelta enfrente a opciones con elevados niveles de rechazo. Pero esta vez el cuadro parece todavía más delicado. La fragmentación es más profunda, la desconfianza institucional más extendida y el desgaste del sistema político más severo. El país ha tenido ocho presidentes en la última década, cuando debió haber tenido solo dos. Esa cifra resume mejor que ninguna otra el grado de deterioro de la gobernabilidad peruana. No es una anomalía del pasado: es una advertencia sobre el futuro inmediato.

Hay, en este momento, dos certezas y muchas incógnitas. La primera certeza es que habrá segunda vuelta: ningún candidato tiene hoy posibilidades reales de aproximarse siquiera al umbral necesario para evitarla. La segunda es que esa segunda vuelta nacerá débil, marcada probablemente por la polarización, por altos niveles de rechazo mutuo y por una legitimidad de origen limitada.

Todo lo demás sigue abierto. Quiénes pasarán, con qué caudal, con qué mandato y con qué capacidad efectiva para gobernar en un contexto de Congreso bicameral, fragmentación parlamentaria y baja confianza ciudadana son preguntas que siguen sin respuesta.

Por eso, más allá de los nombres propios, lo que está en juego en Perú no es solo la definición de su próximo presidente. Lo que se juega es si la democracia peruana conserva aún la capacidad de producir representación y gobernabilidad. Y, por ahora, los datos disponibles obligan a una lectura sobria: la elección sigue abierta, el sistema de representación sigue roto y el futuro inmediato continúa peligrosamente incierto e inestable políticamente.