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Perú, un año de tormenta perfecta: pandemia, recesión y feroz crisis política
Foto de EFE

Más de 125 mil muertos, la peor recesión en 30 años, un escándalo de vacunaciones secretas y la crisis política más feroz desde el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), con tres presidentes en una semana, es el saldo de la tormenta perfecta que azota a Perú desde hace un año, cuando se confirmó su primer caso de COVID-19.

Fue el 6 de marzo de 2020 cuando comenzó esta espiral de decadencia en la que se ha sumido el país, donde el coronavirus no solo ha contagiado al menos a 1.3 millones de peruanos, sino que también ha infectado a la economía, destruyendo millones de empleos, aliado con una serie de políticos que conspiraron con el caos.

Para ese día, en el que un piloto de avión recién llegado de Europa fue oficialmente el primer caso de COVID-19, los peruanos ya veían el virus con temor, aunque al principio se subestimara por la lejanía de las noticias que llegaban primero de China y después de Europa.

Había optimismo sobre el futuro, después de haber elegido a un nuevo Congreso que prometía acabar con la permanente crisis política que causó la anterior cámara que dominaba el fujimorismo.

A los pocos días del primer caso, el 15 de marzo, Perú fue el primer país de Latinoamérica en decretar el confinamiento nacional, una cuarentena estricta y draconiana que le valió felicitaciones al entonces presidente Martín Vizcarra por la rapidez con la que tomaron esa medida.

Aunque inicialmente ese confinamiento era de dos semanas, acabó alargándose por tres meses y medio, y además de no servir para frenar al virus en seco como se pretendía, el costo fue un agonizante hundimiento de su economía.

Economía desplomada

Prácticamente la mitad de la economía peruana quedó congelada, como se reflejó en abril, donde la caída de su producto interno bruto (PIB) fue del 40 por ciento.

El año lo cerró con un desplome del 11.12 por ciento, la mayor recesión de en 30 años, un porcentaje similar al ambicioso plan de gasto público del Gobierno para ayudar a familias vulnerables y empresas, con un desembolso de unos 67 mil 200 millones de soles (unos 18 mil 250 millones de dólares) en bonos y créditos a empresas.

Los esfuerzos evitaron que se disparara la pobreza, según un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), pero no lograron salvar más de seis millones de empleos que se perdieron durante la primera ola, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Con gran parte de la población en el sector informal y dependiente de sus ingresos diarios, la ciudadanía se vio obligada a romper el confinamiento, mientras que la entrega de bonos en las oficinas bancarias causó aglomeraciones que también propiciaron la propagación del virus.

Líder mundial de mortalidad

El COVID-19 apenas tardó en colapsar el frágil, fragmentado y débil sistema sanitario de Perú, con una sanidad pública descuidada por décadas a la sombra del sector privado.

Pronto se reveló que Perú era uno de los países de renta media con menos camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) en relación a su población.

Sin espacio en los hospitales, los enfermos buscaban cuidarse en sus propias casas, lo que disparó la demanda de oxígeno medicinal.

Este fenómeno, que se ha vuelto a agudizar en la segunda ola con un incremento de la demanda del 300 por ciento, provocó un mercado negro que elevó el precio del tanque de 10 metros cúbicos de mil a seis mil soles (de 271 a unos mil 625 dólares).

Sin oxígeno ni hospitales, los decesos aumentaron de manera exponencial y llevaron a Perú a ser durante varios meses el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por COVID-19.

La peor crisis política en 20 años

No fue hasta después de agosto que la situación sanitaria comenzó a normalizarse, pero entonces se recrudeció el ataque de la oposición hacia Vizcarra, pues el nuevo Congreso, que debía estar más alineado al Ejecutivo, se volvió incluso más rebelde y hostil que el anterior disuelto por el mandatario en septiembre de 2019.

Tras un primer intento frustrado de destitución en septiembre, el Parlamento logró su propósito en noviembre en un juicio político que fue denunciado por Vizcarra como un golpe de Estado, pues lo quitó del cargo a cinco meses de las elecciones generales de abril de 2021.

Eso convirtió en mandatario interino de Perú al presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino, del partido Acción Popular, lo que desató una oleada de masivas protestas en todo el país contra su figura y su Gobierno de corte ultraderechista.

Merino solo pudo sostenerse cinco días en el cargo, pues se quedó solo, especialmente después de la muerte de dos jóvenes por disparos de la policía durante la represión de las grandes protestas del 14 de noviembre contra su gestión.

Sagasti y y gobierno “emergencia”

En lugar de Merino, el Congreso nombró presidente interino al congresista Francisco Sagasti, del Partido Morado, que fue aceptado por la población ante la reticencia de los partidos que habían aupado a Merino.

Convertido en el tercer jefe de Estado de Perú en una semana, Sagasti vio cómo al poco tiempo se disparó la segunda ola de contagios sin que realmente estuvieran cerrados los contratos de compra de vacunas como había afirmado semanas atrás Vizcarra.

La segunda ola repitió las dramáticas escenas de la primera, con una incidencia aún mayor de muertes.

Hasta ahora hay 125 mil muertos por encima de las cifras de defunciones normales previas a la pandemia, de los que solo 47 mil están confirmados por COVID-19 por el Gobierno.

El “Vacunagate”, la cereza del pastel

En febrero llegaron las primeras vacunas, un millón de dosis de la estatal china Sinopharm, pero pronto se esfumó la buena noticia al saltar el “Vacunagate“, el escándalo de vacunaciones secretas de más de 100 altos funcionarios con un exclusivo lote al que accedieron antes de que cualquier ciudadano pudiera ser vacunado.

Fueron dos mil dosis llegadas a Perú para inmunizar en principio a los investigadores que participaban en el ensayo clínico que Sinopharm realizaba de su vacuna en Perú con 12 mil voluntarios pero que al final terminaron en manos de un grupo de privilegiados.

Ahí estaban, para desazón de la población, el expresidente Vizcarra y dos ministras (Salud y Relaciones Exteriores) en funciones, así como otros funcionarios que aprovecharon para vacunar a toda su familia pese a que el inmunizantes no estaba autorizado aún por el autoridad reguladora nacional.

Esta última crisis empañó el primer hálito de esperanza que surgió en el país como es el de que la vacunación ponga fin a la dramática situación.

Mientras, el país arranca su segundo año de pandemia en plena campaña electoral, llena de incertidumbres sin mejoras económicas en corto o mediano plazo y con el deseo de avanzar en un proceso de vacunación marcado por la llegada a cuentagotas de las dosis al país.

Con información de EFE