El canciller señaló que la decisión responde a “actos inamistosos” y a la intervención de la presidenta de México en asuntos internos de Perú
El Gobierno de Perú aseguró este lunes que no se plantea emular a Ecuador con un ingreso por la fuerza a la Embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez, la asilada ex primera ministra del izquierdista expresidente Pedro Castillo (2021-2022), como sí ocurrió el año pasado en la embajada mexicana en Quito con el exvicepresidente correísta Jorge Glas.
“Esa posibilidad no existe. Perú es un país respetuoso del derecho internacional y una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, en una rueda de prensa donde anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con México.
El Gobierno suramericano anunció romper relaciones diplomáticas con México por otorgarle asilo a Chávez, procesada junto a Castillo por el fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022.
“El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, informó De Zela.
El canciller explicó que esta decisión se ha tomado “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente (Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) de ese país han intervenido en los asuntos internos de Perú”.
Chávez enfrenta actualmente junto a Castillo un juicio donde ambos están acusados del delito de rebelión a causa del mensaje a la nación ofrecido el 7 de diciembre de 2022 por el exmandatario donde ordenaba cerrar el Congreso así como intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente por decretos.
El mensaje de Castillo, ante la amenaza de una moción de destitución desde el Congreso tras salir a la luz pública indicios de corrupción en su Administración que lo implicaban directamente, no surtió efecto ante la institucionalidad peruana, la Policía y las Fuerzas Armadas, por lo que poco después fue detenido.
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Chávez fue procesada junto con Castillo por la presunta comisión del delito de rebelión ante las sospechas de que estaba al tanto de los planes de romper el orden democrático y de que sabía sobre el contenido del mensaje que dio el entonces gobernante a la nación, si bien ella siempre lo ha negado.
El juicio comenzó en marzo de este año y la Fiscalía pide penas de 34 años de cárcel para Castillo y de 25 años para Chávez, quien en junio de 2023 había sido enviada a prisión preventiva.
Sin embargo, en septiembre pasado salió en libertad por orden del Tribunal Constitucional, que determinó que había sido víctima de una detención arbitraria al haber solicitado la Fiscalía fuera de plazo la prórroga de la ampliación de la prisión preventiva.
Con información de EFE.
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