
En un periodo de 10 años, debieron haber habido solo tres presidentes en Perú (el mandato constitucional dura 5 años), ya llevan siete
Por Daniel Zovatto
Cuatro son los candidatos que se han inscrito para la presidencia del Congreso, 3 de izquierda y una de centro-derecha. La favorita —según fuentes peruanas con las que conversé hace minutos— es María del Carmen Alva de Acción Popular, quien ya ejerció la presidencia en el primer año del gobierno de Castillo.
Veremos qué pasa mañana…
Análisis
En un periodo de 10 años, debieron haber habido solo tres presidentes (el mandato constitucional dura 5 años), ya llevan siete.
Cuando se elija el nuevo presidente del Congreso, quien asumirá automática e inmediatamente las funciones de presidente de la República, el número subirá a ocho y, a partir del 28 de julio —cuando asuma la presidencia el nuevo presidente electo—, el número de mandatarios se elevará a nueve en un plazo de apenas 10 años.
La inestabilidad política en su máxima expresión; una inestabilidad a la que los peruanos ya acostumbrados a este cambio frecuente de presidentes han reaccionado con absoluta normalidad.

La economía continúa —basada en la teoría de las cuerdas paralelas— ajena a esta nueva crisis institucional, gracias a los precios altos de sus productos mineros de exportación y a un Banco Central, cuya independencia y credibilidad, y manejo riguroso de su presidente (Julio Velarde) garantiza estabilidad macroeconómica.
Por su parte, la campaña presidencial aún sigue verde, si bien solo faltan ocho semanas para la primera vuelta del 12 de abril; digo la primera vuelta, porque casi con seguridad habrá una segunda vuelta el 7 de junio, entre los dos candidatos más votados.
El dato más elocuente es el récord histórico de 36 candidatos presidenciales inscritos, casi el doble de los que compitieron en 2021.
La dispersión es extrema y las encuestas reflejan ese escenario atomizado.
Según un sondeo de Ipsos Perú realizado entre el 5 y 6 de febrero de 2026 (1.211 entrevistas), Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder de Renovación Popular (derecha), encabeza la intención de voto con apenas 12%. Le sigue Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (derecha) con 8%.
Detrás de ellos se ubica un pelotón fragmentado: Alfonso López Chau (Ahora Nación), César Acuña (Alianza para el Progreso), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Carlos Álvarez (País para Todos) rondan el 4% cada uno.
Otra encuesta del Centro de Investigación Territorial (CIT), realizada entre el 5 y el 9 de febrero (mil 220 entrevistados), eleva a López Aliaga al 15,3%, mientras Fujimori se mantiene en torno al 8%.
En ningún escenario un candidato supera el 15%, y entre un 27% y un 30% del electorado permanece indeciso o inclinado hacia el voto blanco.
Este cuadro revela no solo dispersión, sino también debilidad estructural de liderazgos. Ni López Aliaga ni tampoco Keiko Fujimori tienen garantizado su paz a la segunda vuelta. Las elecciones presidenciales peruanas suelen dar sorpresa a último momento.
López Aliaga, con su retórica conservadora y énfasis en orden y seguridad, puede captar sectores urbanos frustrados por la inseguridad y la corrupción, pero su techo electoral parece limitado —alrededor del 20% en simulaciones de segunda vuelta—, lo que lo hace vulnerable en un balotaje.
Fujimori, por su parte, conserva un núcleo duro de apoyo, pero arrastra un alto nivel de rechazo asociado al legado autoritario de su padre, con índices de antivoto que oscilan entre el 40% y el 50%.
Los candidatos outsiders podrían capitalizar el hartazgo ciudadano, pero la ausencia de estructuras partidarias sólidas sugiere que, incluso si alcanzaran protagonismo electoral, enfrentarían enormes dificultades para gobernar y construir mayorías estables.
Todo indica que habrá segunda vuelta el 7 de junio. Pero el verdadero problema no es quién gane, sino con qué base institucional lo hará.
Lo más seguro es que el próximo presidente no cuente con mayoría propia en el Congreso bicameral —reinstaurado en esta elección— integrado por una Cámara de Diputados y un Senado. Con más de 10 mil candidatos compitiendo por escaños legislativos, el Parlamento promete ser un mosaico de fuerzas pequeñas, alianzas transaccionales y bloqueos recurrentes.
El resultado previsible es un Ejecutivo débil desde el primer día, vulnerable a nuevas mociones de censura o intentos de vacancia, y condenado a una gobernabilidad negociada permanentemente al filo de la crisis. En otras palabras, el riesgo no es solo electoral; es estructural.