Organizaciones expresaron un profundo rechazo a las acciones de criminalización del MP de Guatemala contra la oposición política, académicos y periodistas
Un grupo de 16 organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos acusaron a la Fiscalía de Guatemala de atentar contra la democracia y el Estado de derecho al judicializar el proceso electoral en el que resultó como presidente electo Bernardo Arévalo.
Las organizaciones, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), emitieron un pronunciamiento en el que expresan su “profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.
“Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024”, afirma el pronunciamiento.
Las organizaciones señalaron que “la interferencia del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando indebidamente el derecho penal a acciones legítimas de defensa de la autonomía universitaria”.
La Fiscalía giró esta semana 27 órdenes de captura contra militantes del partido Movimiento Semilla, al que pertenece Arévalo, por supuestamente haber sido partícipe de una toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos (USAC), en 2022, causar destrozos en sus instalaciones y utilizar esas acciones como plataforma política.
Según el pronunciamiento de las organizaciones, entre las personas con órdenes de captura se encuentran el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas.
La Fiscalía, encabezada por la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, también solicitó retirar la inmunidad a Arévalo de León y a su vicepresidenta, Karin Herrera.
Desde julio pasado, la Fiscalía ha intentado revertir los resultados electorales, por medio de allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y persecución penal contra funcionarios públicos y miembros del partido Semilla, lo que el presidente electo ha calificado como un intento de golpe de Estado.
“Guatemala vive momentos críticos donde se requiere de mayor veeduría internacional y pronunciamientos expresos hacia las autoridades de que Guatemala no será aceptada dentro del concierto de naciones si continúa en una lógica autoritaria, manipulando las leyes para burlar los resultados de las elecciones”, concluye el pronunciamiento emitido este viernes por las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Además de Cejil y WOLA, otras organizaciones firmantes son la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Guatemala Human Rights Commission (GHRC), Article 19 Oficina para México y Centroamérica, Abogados sin fronteras Canadá (ASFC), RFK Human Rights, International Service for Human Rights (ISHR), Comisión Internacional de Juristas, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
Con información de EFE
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