Nueva York amplió el estado de emergencia por la crisis migratoria, lo que le permitirá utilizar más fondos públicos para dar albergue y asistencia humanitaria
El estado de Nueva York amplió el estado de emergencia por la crisis migratoria, lo que le permitirá utilizar más fondos públicos para dar albergue y asistencia humanitaria a los recién llegados, mientras comienzan a aflorar las primeras reacciones de algunas comunidades locales en contra de su acogida.
La gobernadora estatal, Kathy Hochul, amplió la emergencia tras pedir al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el Gobierno federal se implique en la crisis, sobre todo facilitando permisos de trabajo a los solicitantes de asilo, a lo que hoy la Casa Blanca respondió justificándose por una falta de “acción” del Congreso.
En los últimos quince meses han llegado a Nueva York más de 100 mil migrantes que las autoridades denominan solicitantes de asilo, sobre todo a la Gran Manzana, que tiene la obligación por ley de acogerlos, lo que ha saturado el sistema público de albergues y llevado a acomodarlos en decenas de espacios temporales.
En total, se han abierto más de 200 alojamientos improvisados, que incluyen 15 centros de ayuda humanitaria.
Pero algunos espacios convertidos en refugios, que van desde hoteles hasta gimnasios escolares, han generado resistencias en sus comunidades, la más reciente hoy mismo, en el distrito de Staten Island, que ha denunciado a la administración local de Nueva York para evitar que una antigua escuela en desuso se convierta en refugio temporal.
Según medios locales, hubo tres detenidos en una protesta vecinal contra el uso de la antigua escuela St. John Villa Academy como albergue para un grupo de inmigrantes que ya habían empezado a ser trasladados allí por la administración, y que son familias y mujeres solteras.
El presidente del distrito de Staten Island, Vito Fossella, republicano, anunció una demanda contra la ciudad y un juez falló a su favor, prohibiendo que la administración pueda usar ese espacio como refugio las próximas dos semanas pese a que es de su propiedad desde 2018, según recoge el canal ABC7.
Uno de los mayores problemas en la crisis migratoria es la lentitud con la que los recién llegados están procesando sus solicitudes de asilo -que toman varios meses-, lo que retrasa su búsqueda de empleo legal, por lo que tanto el estado como la ciudad han anunciado inversiones para asistir a estas personas en la burocracia correspondiente.
Aparte de eso, la gobernadora anunció un programa para conectar solicitantes de asilo que ya tienen permiso de trabajo federal y oportunidades de empleo, y un portal web para que las empresas indiquen al estado si están abiertas a contratar a los recién llegados.
Con información de EFE
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