Necesario acuerdo político en República Dominicana, sostiene Zovatto

1. ¿Cómo evalúa la situación que se ha vivido desde el domingo 16 en la República Dominicana?

La suspensión de las elecciones municipales el pasado domingo 16 de febrero constituye un hecho electoral muy grave e inédito. No hay antecedentes ni en la República Dominicana ni en ningún país latinoamericano en democracia de semejante fracaso electoral.

La Junta Central Electoral le falló al pueblo dominicano respecto de su principal responsabilidad: garantizarle un proceso electoral íntegro y digno de la confianza ciudadana. Consecuencia de todo ello, la credibilidad e idoneidad técnica de la JCE han sufrido un durísimo golpe.

2. ¿Debieron renunciar los miembros de la JCE o suspender a los directores de Informática y Elecciones?

En cualquier otro país de la región, frente a un hecho de esta gravedad, la consecuencia lógica hubiese sido la renuncia del Presidente y del pleno del órgano electoral (incluido sus suplentes), o bien un juicio político para provocar la destitución de los miembros del órgano electoral por mal desempeño de sus funciones.

En cambio, en este país existen diversas circunstancias (calendario electoral apretado y una combinación de factores políticos) que aconsejan la conveniencia de mantener a esta JCE, no por tratarse de la mejor decisión sino porque, en la actual coyuntura, representa el mal menor.

Pero obviamente no se puede pretender, como quiso hacer la JCE durante los primeros días posteriores a la suspensión, pasar la página, fijar nueva fecha y empezar de cero como si no hubiese pasado nada. Lo que sucedió, reitero, es muy grave, es una vergüenza, que le ha hecho un daño enorme a la institución electoral y a la imagen del país en el ámbito regional e internacional.

En el plano interno, se ha generado un clima de mucha desconfianza, se le ha fallado a millones de dominicanos que no pudieron ejercer su derecho al voto el pasado domingo, se han dilapidado millones de pesos dominicanos en compra de equipos de votación que ahora han quedado descartados, además de la necesidad de volver a invertir millones de pesos en el nuevo proceso electoral municipal, en la reimpresión de más de ocho millones de boletas electorales, etc.

Me pregunto, ¿Se hará responsable a la JCE de este desperdicio irresponsable de recursos que es financiado por el pueblo vía sus impuestos?

A todo ello debemos sumarle el grave hecho de que hasta ahora la JCE no ha dado una explicación exhaustiva y rigurosa de las causas que motivaron la suspensión de las elecciones, ni tampoco ha logrado identificar sus autores materiales e intelectuales. A la fecha, la JCE adujo la causal de “caso fortuito” y procedió este viernes a suspender, por decisión del pleno, al director del área de informática.

Claramente, estas medidas son insuficientes. Por el contrario, la gravedad de estos hechos exige una investigación urgente, exhaustiva y rigurosa desde el punto de vista técnico, que arroje luces sobre lo sucedido. Obviamente esta investigación no puede ser llevada a cabo por la propia JCE ni por el MP, sino que debe estar liderada por una organización internacional independiente, con credibilidad y solvencia técnica en el área de la investigación y auditoría electoral.

En este sentido, la decisión de la JCE de solicitarle estas investigaciones a IFES y a UNIORE me parece correcta, como también veo acertada la decisión del Gobierno de poner fin a la investigación que venía llevando a cabo la PGR y pedirle a la OEA que lleve a cabo una auditoría a fondo del proceso electoral fallido.

En el actual clima de desconfianza hay que acudir a instancias internacionales con alto nivel de credibilidad y de solvencia técnica. Además, sería peligroso e imprudente ir a los nuevos procesos electorales sin saber que sucedió y sin haber adoptado las medidas correctivas que den respuesta directa y efectiva a las causas que motivaron la suspensión. En estas circunstancias pretender hacer borrón y cuenta nueva no es una opción.

Castaños Guzmán dijo que la causa principal del fracaso del voto automatizado fue consecuencia de un “acto fortuito”.

Disiento respetuosa pero firmemente con esta aseveración del Presidente de la JCE. Un acto fortuito es un evento extraordinario, de naturaleza imprevisible, que impide la ejecución de una obligación o bien determina un cumplimiento parcial de la misma, a la vez que exime de la responsabilidad al sujeto que incumple con dicha obligación. Nada más lejos de la verdad.

Los hechos ocurridos que llevaron a la suspensión de las elecciones municipales no fueron de naturaleza imprevisible. Fueron por el contrario, producto de un exceso de confianza de parte de la JCE; fueron asimismo consecuencia directa de la negligencia e impericia de la propia JCE y de su personal jerárquico. En mi opinión, lo que hubo tanto de parte del Presidente de la JCE como del pleno, es “culpa in eligiendo” y “culpa in vigilando”.

3. ¿Qué soluciones cree necesarias para que los próximos comicios sean exitosos?

República Dominicana enfrentará un intenso calendario electoral en los próximos 3 o 4 meses. Entre hoy y el 17 de mayo (o incluso en junio en caso de que hubiese necesidad de ir a una segunda vuelta presidencial) se llevarán a cabo tres procesos electorales de gran importancia: elecciones municipales extraordinarias el 15 de marzo, y elecciones presidenciales y congresuales el 17 de mayo.

El contexto dentro del cual las mismas tendrán lugar es muy complejo. Tensión política, enfrentamiento y acusaciones entre las diferentes fuerzas políticas, malestar ciudadano, una juventud irritada que viene organizando protestas, creciente nivel de desconfianza y una JCE débil, desprestigiada y con bajísimos niveles de credibilidad y confianza.

La combinación explosiva de estos factores determina, que si no existe un manejo cuidadoso y prudente de los mismos de parte del liderazgo político, el país podría entrar en una situación de tormenta perfecta.

De ahí la importancia y urgencia de concretar un acuerdo político amplio, un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, el gobierno, la JCE, el Congreso, los empresarios y la sociedad civil, para consensuar unas reglas básicas que den garantía al desarrollo de los procesos electorales con altos niveles de integridad electoral, credibilidad y legitmidad.

En condiciones normales sería la autoridad electoral la que debería ofrecer estas garantías, pero en las actuales condiciones la JCE no tiene la autoridad ni la credibilidad, por sí sola, para garantizar el desarrollo normal de los próximos tres procesos electorales. Necesita ser reforzada.

Entre las medidas deberían formar parte de este acuerdo están:

– En primer lugar, llevar a cabo una investigación rigurosa y a fondo de lo sucedido en los términos que ya señalamos más arriba. Los resultados de esta investigación deben estar disponibles a la mayor brevedad (en todo caso de previo a las elecciones del 15 de marzo) y sus recomendaciones deben ser adoptadas de inmediato para subsanar los problemas que se hayan detectado.

– Segundo, el haber vuelto al anterior mecanismo de votación, la boleta de papel, es una decisión acertada pero que no resuelve per se todos los problemas que aquejan, desde hace muchos años. a los procesos electorales de este país. Hay que recordar que en el pasado, muchas de las irregularidades y fraudes electorales se cometieron con la boleta de papel. De ahí la importancia de acordar medidas adicionales de garantía tanto a la hora de emitir el voto como luego en la etapa del escrutinio, cómputo y transmisión de resultados.

– Tercero, hay que poner foco en las condiciones de legalidad, transparencia y, sobre todo, de equidad del proceso electoral. Hay que evitar el fenómeno de “cancha inclinada” en favor del oficialismo. Para ello es necesario prohibir el uso y abuso de los recursos del Estado (en dinero y en especie), el uso electoral de los programas sociales, la amenaza a los empleados públicos de que perderán sus trabajos si no votan por el partido de gobierno, la inauguración excesiva de obras públicas en plena campaña electoral, etc. Sugiero adoptar por consenso un reglamento que regule de manera precisa todos estos extremos y que empodere a la JCE a llevar a cabo un riguroso monitoreo y control del comportamiento de los partidos y del gobierno tanto durante la precampaña como durante la campaña electoral. En el derecho electoral comparado latinoamericano hay experiencias muy valiosas a tomar en cuenta en este ámbito, entre ellas las de México, Colombia, Costa Rica y Brasil.

– Todo ello debe venir acompañado de medidas efectivas para controlar debidamente el dinero en las campañas electorales, una presencia equitativa en los medios de comunicación, un control efectivo para prevenir la compra de cédulas y del voto, y una regulación efectiva de las redes sociales dirigida a evitar las noticias falsas y las campañas de desinformación, sin llegar a violentar el derecho a la libre expresión.

– Respecto de este último punto hay experiencias recientes y muy positivas en la región, entre otros países, en México, Panamá, Brasil y Argentina.

– Cuarto, el déficit de confianza y credibilidad que aqueja a la JCE debe ser suplido mediante dos mecanismos: i) consulta permanente entre esta y los partidos políticos, sobre todo en relación con aquellos temas que revisten gran importancia para la transparencia y legitimidad de los próximos procesos electorales; y ii) conformar un “grupo de notables” nacionales e internacionales, que de seguimiento al desarrollo de los procesos electorales así como al trabajo de la JCE y que le brinde apoyo cuando sea necesario.

4. ¿Hay que descartar para siempre el uso de las tecnologías en los comicios de la República Dominicana?

No. Hay que distinguir entre una incorporación inteligente y gradual de la tecnología en las diferentes etapas del proceso electoral y el voto automatizado o electrónico.

Durante los últimos años hemos venido insistiendo en la necesidad de ser muy prudentes y cuidadosos con el voto electrónico; mecanismo de votación promovido por ciertas autoridades electorales y por numerosas empresas (con obvios intereses económicos) como ‘la panacea’. Nuestras advertencias, en algunos casos no fueron oídas y las consecuencias, lamentablemente, están a la vista. Hoy la gran mayoría de los países del mundo (90%) utilizan como instrumento de votación a la boleta única de papel.

República Dominicana no ha tenido una experiencia exitosa en relación con la incorporación de la tecnología en sus procesos electorales recientes.

En las elecciones del 2016, como muy bien documenta el informe de observación electoral de la OEA de ese mismo año, las nuevas herramientas tecnológicas utilizadas por la anterior JCE que presidió Roberto Rosario tuvieron numerosos problemas.

Y en esta oportunidad, el fracaso con el voto automatizado fue mucho mayor. La actual JCE fue imprudente e irresponsable al decidir hacer votar al 62% del padrón electoral (en los 18 municipios con mayor número de electores) mediante el voto automatizado sin haber hecho una incorporación gradual de este nuevo mecanismo de votación como aconseja la experiencia comparada.

Esta decisión imprudente de la JCE no puede ser calificada de “caso fortuito” ya que a la luz de la experiencia electoral comparada era previsible” que algo podía salir mal como de hecho sucedió.

Por ello, como bien recomienda el citado informe de la OEA de 2016, “la introducción de tecnología no posee únicamente una dimensión técnica. La implementación de avances tecnológicos debe tomar en cuenta consideraciones políticas y sociales a fin de construir consensos indispensables para aumentar la confianza”.

Resumiendo: veintiséis años después de la crisis de 1994, este fracaso electoral coloca nuevamente a la República Dominicana en una crisis electoral muy compleja y en una situación política de máxima tensión. Es mucho lo que está en juego en este momento.

No se trata únicamente de volver a celebrar unas elecciones municipales, sino evitar que la actual crisis electoral degenere en una crisis política que afecte la paz social, la estabilidad económica, la imagen del país en el exterior y la democracia misma.

Y la salida de esta grave crisis requiere, como en 1994, de un acuerdo político que garantice una salida electoral, pacífica, legítima y democrática.

Con información de Diario Libre