La ONG Physicians for Human Rights remarca que la ocupación de hospitales es una violación de las leyes internacionales
Los militares birmanos, que tomaron el control del país durante el golpe de Estado del 1 de febrero, han ocupado por la fuerza al menos seis hospitales del país, denuncia este lunes una organización en favor de los derechos humanos.
Los soldados habían tomado en una serie de redadas en la noche del domingo media docena de hospitales de Rangún, la antigua capital y ciudad más poblada, y además habrían ocupado otros centros en las ciudades de Mandalay, Monywa y Taunggyi, informa en un comunicado la ONG Physicians for Human Rights.
La ONG remarca que la ocupación de hospitales es una violación de las leyes internacionales y que “solo sirve para socavar aún más un sistema de atención médica que ya se encontraba asediado por la pandemia de COVID-19”.
El sublevamiento militar se enfrenta a un enorme movimiento de desobediencia civil que reclama a los militares el regreso a la democracia, que respeten los resultados de las elecciones de noviembre y la liberación de los políticos electos, entre ellos la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
Los trabajadores de salud fueron de los primeros sectores en iniciar este movimiento de oposición contra los militares.
A pesar de que el personal médico dejó sus puestos para iniciar el movimiento de desobediencia civil, muchos regresaron a los hospitales en respuesta a la escalada de violencia contra los manifestantes pacíficos”, señala Sandra Mon, epidemióloga del Centro de Salud Pública y Derechos Humanos, de Universidad Johns Hopkins.
“Este asedio de hospitales se produce tras varios días de importantes heridos y víctimas civiles, y puede interpretarse como un intento directo de impedir el acceso de la población a la atención médica. También es una amenaza para los médicos para que no traten más a los manifestantes heridos”, incide Mon.
Al menos 54 personas han muerto desde el levantamiento militar, la mayoría al ser alcanzados por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, apunta la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania.
Se espera que este lunes decenas de miles de birmanos secunden la llamada a una huelga general a lo largo del país en respuesta al golpe de Estado, y continúen las manifestaciones pacíficas que surgieron en Birmania tras la asonada.
Los militares además han detenido a al menos mil 790 personas, incluidas 318 ya liberadas según cifras de AAPP, y buscan intimidar a la población con redadas nocturnas en Rangún, que incluyen arrestos arbitrarios, palizas a civiles y el uso de granadas aturdidoras.
Por su parte, la junta militar defiende la actuación de las autoridades y la Policía asegura que “las fuerzas de seguridad actúan contra los disturbios conforme a la ley” y tratan de “minimizar los heridos”, recoge el diario oficialista “The Global New Light of Myanmar”.
El diario, desde el golpe de Estado controlado por los militares, también publica una serie de fotografías y textos donde apunta que los militares colaboran en tareas médicas en varios hospitales del país.
El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.
Con información de EFE
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