Los 62 tribunales especializados en los casos de extranjeros en situación irregular están totalmente congestionados
Desde el 22 de diciembre, parte de las oficinas del gobierno federal de Estados Unidos se encuentran paralizadas por falta de acuerdo entre el presidente Donald Trump y la oposición demócrata sobre la inclusión en el presupuesto de una partida de 5 mil 700 millones de dólares que el mandatario requiere para construir un muro en la frontera con México.
Paradójicamente, el conflicto, que en el fondo versa sobre la forma de responder a la llegada de migrantes al país, debilita un pilar central de la política migratoria: los 62 tribunales especializados en los casos de extranjeros en situación irregular, ya de por sí totalmente congestionados.
Desde que comenzó la parálisis presupuestaria, sus jueces solo examinan los casos “urgentes”, aquellos de migrantes detenidos. Todas las demás audiencias han sido suspendidas y los secretarios judiciales no están enviando notificaciones.
En la mañana del jueves, decenas de migrantes, en su mayoría originarios de Centroamérica, se apiñaban en el pequeño vestíbulo principal del tribunal de Arlington, en Virginia.
Algunos sabían que sus audiencias no tendrían lugar, pero pensaban obtener alguna información de utilidad sobre los pasos a seguir en sus casos. Otros lo descubrieron cuando la administradora de la corte vino a hablar al grupo.
“Hicimos un largo viaje, tuvimos que reservar una habitación de hotel, mi hija faltó a la escuela”, explicó una mujer salvadoreña, que prefirió no dar su nombre. “Ahora mi caso está atascado”.
Bajo la amenaza de una expulsión, ella introdujo hace más de un año una solicitud de naturalización basándose en el hecho de que su hija y su marido son estadounidenses, y esperaba poner fin a un episodio que ha angustiado a toda la familia.
“Es duro saber que tu madre podría tener que dejarte”, aseguró su hija de 11 años, que ha pedido acompañarla en sus trámites.
Con información de AFP
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