El viernes comenzó un plazo de un año para solicitar una compensación por las detenciones ilegales en Arizona
Los hispanos que fueron detenidos ilegalmente en Arizona cuando el sheriff Joe Arpaio desobedeció una orden judicial de 2011, que prohibía sus patrullajes migratorios, ahora pueden pedir ser compensados por el gobierno.
En agosto de 2016, el juez federal que prohibió los patrullajes migratorios de Arpaio, que se enfocaron en migrantes, ordenó la creación de un sistema de compensación con fondos públicos para pagar por los arrestos ilegales. El viernes comenzó un plazo de un año para solicitar una compensación por las detenciones ilegales.
Arpaio fue declarado culpable de desacato criminal a la corte por hacer caso omiso de la orden del juez federal de distrito Murray Snow, de parar estas detenciones, y continuar los arrestos por 17 meses. Hace tres meses, el presidente Donald Trump perdonó al sheriff retirado, de 85 años, evitando una posible sentencia de cárcel.
Si bien el perdón presidencial conllevó a que se anule el caso criminal de Arpaio, los contribuyentes todavía son responsables de compensar a quienes fueron detenidos ilegalmente durante los patrullajes, entre fines de diciembre de 2011 y fines de mayo de 2013.
Conforme el sistema de compensación, el condado de Maricopa pagará 500 dólares por la primera hora del arresto ilegal de una persona y 35 dólares por cada segmento adicional de 20 minutos.
Se estableció un límite de 10 mil dólares para tal compensación, pero el juez dijo que las víctimas también pueden pedir compensación por otros agravios derivados de los arrestos ilegales, como pérdida de ingresos laborales y daños emocionales.
Funcionarios del condado han asignado un millón de dólares para cubrir los costos de las compensaciones.
Los abogados que han promovido el caso contra Arpaio han buscado a víctimas a través de consulados, visto videos de paradas de tráfico y analizado archivos de arrestos y otros documentos policiales. Dicen que al menos 190 personas fueron detenidas en violación de la orden.
Se prevé que se lance una campaña publicitaria para tratar de ubicar a las víctimas.
La orden de parar los patrullajes se tomó en un caso de prejuicio racial enfocado en los patrullajes migratorios de Arpaio y terminó cuando el juez concluyó que los agentes del sheriff habían discriminado a los latinos al enfocarse en ellos.
Los costos de la compensación son una pequeña parte de los gastos que tienen que pagar los contribuyentes por el caso de prejuicio racial. Se prevé que el costo total llegue a los 92 millones para el próximo verano.
Redacción
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