“Decenas de miles de personas en el condado de Miami-Dade están literalmente en un punto crítico tratando de salir adelante”, dijo la alcaldesa Daniella Levine Cava
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y los alcaldes de dos ciudades de ese condado instaron este sábado al gobierno federal de EE.UU. y al Congreso a aprobar “cuanto antes” un nuevo paquete de estímulo económico ante la grave situación social en esa zona del sur de Florida por el COVID-19.
Ahora necesitamos ayuda más que nunca”, dijo Levine Cava, quien indicó que la recibida antes fue un “salvavidas”, pero ya se agotó y, según datos estadísticos, Miami-Dade, con casi tres millones de habitantes, de los cuales casi un 70 por ciento son hispanos, es el área metropolitana con mayor inseguridad alimentaria de todo el país.
“Decenas de miles de personas en el condado de Miami-Dade están literalmente en un punto crítico tratando de salir adelante”, subrayó.
Las negociaciones para un segundo paquete de estímulo económico avanzan en el Congreso, pero esta vez el plan bipartidista no incluiría cheques personales de mil 200 dólares como el primero, según medios periodísticos.
Levine Cava, que padece covid-19 y está en cuarentena, compareció virtualmente en una rueda de prensa que los alcaldes Francis Suárez, de Miami, y Dan Gelber, de Miami Beach, realizaron en persona en un punto de esta última ciudad donde hoy había un reparto gratuito de alimentos.
Con una larga fila de personas que aguardaban a recibir ayuda alimentaria como telón de fondo, Gelber subrayó que “no es culpa” de ellos no tener dinero para alimentar a sus familias, pues se quedaron sin trabajo a causa de la parálisis turística derivada del COVID-19, de la que ya se han contagiado más de un millón de personas en Florida y unas 19 mil han muerto.
Gelber señaló que Miami Beach es una ciudad centrada en la hostelería y la restauración, que son los sectores más afectados por la pandemia, y la gente no tiene con qué pagar la renta de sus viviendas ni los productos básicos ni las facturas de los servicios públicos.
A este argumento Levine Cava agregó que ayudar a estas personas es también “ayudar a la economía” del sur de Florida.
Suárez, vicepresidente de la asociación de alcaldes de EE.UU., instó a las autoridades municipales de todo el país a trabajar conjuntamente y “sin partidismos” para dar soluciones a la gente.
Recalcó que los recursos de que disponen las alcaldías son insuficientes para la gran necesidad existente y se requiere ayuda federal.
Los casos acumulados de COVID-19 en Miami-Dade hasta este viernes eran 238 mil 813 y las muertes tres mil 888.
Según cálculos de Feeding America, una organización no gubernamental centrada en la alimentación, como consecuencia de la pérdida de empleos y de ingresos por la crisis del COVID-19, la tasa de inseguridad alimentaria en Miami-Dade ha sobrepasado el 17 por ciento.
Además, en el condado de Miami-Dade hay casi seis mil 500 peticiones de desahucio pendientes de ejecución, según cifras oficiales.
Fueron presentadas entre marzo y noviembre, cuando por una disposición especial por el COVID-19, no se podía desalojar de las viviendas de alquiler a los inquilinos que no pudieron pagar su renta, según fuentes oficiales citadas por el canal Local10.
Ahora ya se puede desahuciar y también hay compañías de servicios públicos, como Florida Power and Light, que han reanudado los cortes de suministro a los morosos con las facturas.
Según cifras de FPL, hasta octubre, cuando empezaron de nuevo las desconexiones, había más de 30 mil clientes en el estado que adeudaban las facturas de tres meses o más, y 40 mil debían dos meses o más.
Con información de EFE
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