La Fiscalía Anticorrupción de España investiga al Ayuntamiento de Madrid por la compra de material sanitario para COVID-19 defectuoso y a sobrecosto
La Fiscalía Anticorrupción española, que investiga varios contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Madrid de material sanitario en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, destaca que compró material defectuoso y cubrebocas 40 por ciento más caras.
Según la querella la mayoría de los test recibidos para conocer los casos de COVID-19 no eran aceptables y los guantes eran de una calidad inferior a la prevista, además del elevado precio de las mascarillas, procedentes de China.
La denuncia del Ministerio Público va dirigida contra Luis Ramón Medina Abascal, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, y Alberto Javier Luceño, a los que les imputa los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, por tres contratos por un valor de unos 12 millones de dólares concedidos a la empresa Leno.
Uno de ellos por una cuantía de 6.6 millones de dólares para la adquisición de 1 millón de cubrebocas FFP2/ KN95; otro por 4.2 millones de dólares para comprar 250 mil test rápidos; y otro de 5 millones para obtener 2.5 millones de pares de guantes, a un precio cuatro veces mayor que el que tenían en un supermercado de Madrid en esa época.
Al Ayuntamiento ya le fueron devueltos 4 de esos millones por no corresponder el material a lo acordado en la compra, según confirmó el Consistorio, que defendió que los contratos se hicieron “en precio según oferta y demanda del momento”, cuando la pandemia se extendía y había una absoluta escasez de material para protegerse.
Al pedirles esos precios al Ayuntamiento, ocultaron que un elevado porcentaje (aproximadamente 60 por ciento en el caso de las mascarillas, 81 por ciento en el caso de los guantes y casi 71 por ciento en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir, según Anticorrupción.
El Ministerio Público relata que con las comisiones que habrían obtenido los investigados, estos adquirieron coches de alta gama, varios relojes Rolex y otros artículos de lujo.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid negó que un familiar del alcalde, el conservador José Luis Martínez-Almeida (PP), conozca al empresario Luis Medina, tal y como recoge la querella de la Fiscalía Anticorrupción, y afirman que “se pusieron en contacto con él a través de una tercera persona”, según fuentes municipales.
Según la querella, la persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue Luis Medina, aprovechando “su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”.
El Consistorio, por su parte, defiende que todas las empresas con las que realizaba contratación “debían seguir el mismo cauce” y recalca que “no está siendo investigado, ni tampoco ningún trabajador”.
Este no es el único caso que ha saltado a la opinión pública sobre la compra de material durante los primeros momentos de la pandemia en Madrid.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción de España como la Fiscalía Europea están investigando el presunto sobrecoste en un contrato para la compra de mascarillas adjudicado a un amigo de la infancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también del PP, y vinculado con su hermano, Tomás Díaz Ayuso, que cobró una comisión.
En el caso de la de Anticorrupción, centrando sus pesquisas en la adjudicación del contrato y el cobro de comisiones por parte del hermano de la presidenta madrileña, mientras que la Fiscalía Europea investiga si ha habido financiación de la compra con fondos europeos.
Con información de EFE
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