Condenado el año pasado por corrupción y lavado de dinero, tuvo su pena aumentada en enero pasado de nueve a 12 años y un mes de cárcel, una decisión de la segunda instancia que deberá ser cumplida, luego que el Supremo Tribunal Federal negó la noche del miércoles el habeas corpus
El ingreso a prisión del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva podría ser la próxima semana, después que su defensa agote el último recurso en segunda instancia, tras la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de negarle el habeas corpus (procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto) al exmandatario.
Lula da Silva, condenado el año pasado por corrupción y lavado de dinero en el marco de la Operación Lava Jato, tuvo su pena aumentada en enero pasado de nueve a 12 años y un mes de cárcel, una decisión de la segunda instancia que deberá ser cumplida, luego que el STF negó la noche del miércoles el habeas corpus al político brasileño por seis votos contra cinco.
El escenario ahora para Lula da Silva es, salvo sorpresa, un último recurso antes del 10 de abril en segunda instancia en la misma corte, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4), que ya lo condenó e incluso le aumentó la pena inicial.
Si la corte le niega el recurso, la pena podrá ser aplicada de inmediato, e incluso el juez Sergio Moro (una de las figuras destacadas de la Operación Lava Jato y el primero en condenar a Lula en 2017), podría dictaminar su ingreso en prisión cuando reciba formalmente la decisión del STF para denegar el habeas corpus.
La mayoría de los 11 jueces del STF votaron en contra de conceder dicho instrumento al exmandatario con lo que los abogados de Lula da Silva querían que, pese a haber sido condenado, el expresidente evitara la cárcel hasta agotar todos los recursos posibles en la Justicia, lo que demoraría años.
Presidente de Brasil entre 2003 y 2010, Lula da Silva fue condenado por beneficiarse de la remodelación millonaria de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores políticos a la constructora OAS. Tiene más de media docena de causas aún abiertas sin juzgar.
Lula da Silva niega la propiedad del departamento y de hecho la Fiscalía no logró documentos que prueben que era el titular de las escrituras, pero declaraciones de ejecutivos de OAS, así como los planos de la remodelación del departamento aprobados por la esposa fallecida de Lula, indican que la familia del exmandatario era la real beneficiaria del inmueble.
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